Nueva crisis social y desavenencias con partidos de Chile Vamos, que apoyaron la moción, ya son un hecho. “Desconexión con la gente y no entender la crisis económica”, son las causas del problema para el Ejecutivo.
El martes por la tarde, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera confirmó lo que ya había anunciado días antes: llevar el proyecto de ley del tercer retiro de fondos previsionales al Tribunal Constitucional (TC).
Dicho anuncio provocó una inmediata reacción política y social. Política porque incluso desde el oficialismo manifestaron su disconformidad con la decisión y social porque en diversas ciudades del país hubo cacerolazos, barricadas y paralizaciones de algunos sectores comerciales.
Es más, para estos días se han anunciado nuevas movilizaciones, marchas y concentraciones, pese a las restricciones de movilidad instauradas por la pandemia.
Desde el punto de vista social, la preocupación es evidente. En el Congreso temen que se vuelva a dar un nuevo estallido social, que en la actualidad sería mucho más complicado considerando la crisis sanitaria.
El sociólogo Manuel Rodríguez comentó que el Gobierno está haciendo las cosas mal y que “recurrir al TC es una medida tardía e inútil que solo volverá a abrir la puerta a la violencia. La gente advierte la desconexión entre la política y su realidad. Tiene la creciente convicción de que el sistema de representación política tradicional es incapaz de procesar la realidad social, y que gobierna para ella misma. La respuesta violenta tiene motivaciones y sectores diversos, pero convergen en las urgencias inmediatas”.
Por su parte, el diputado del Distrito 20, Leonidas Romero (RN), indicó que la situación es incómoda porque “los puertos están en paro a nivel nacional. Hay mucha gente movilizándose y que se está poniendo de acuerdo para salir a protestar. Existe mucha desesperación y desilusión, lo que puede terminar en un nuevo estallido social, algo que no queremos, menos en la condición sanitaria en la que estamos”.
El diputado Gastón Saavedra (PS) expresó que “esta porfía nos puede costar caro otra vez. Creo que el Presidente está jugando al límite y cada paso que da complica mucho más su gestión. Necesitamos que se ponga a la orden de la gente y no de sus amistades. Si eso no pasa, tendremos un nuevo estallido. Algo que queremos evitar”.
Otro inconveniente que ha surgido en las últimas horas es la molestia de los parlamentarios de Chile Vamos por el accionar del Ejecutivo. A nivel regional, los diputados de RN y la UDI votaron a favor de la iniciativa.
La diputada del Distrito 20, Francesca Muñoz (RN), indicó que “es lamentable que el Gobierno haya enviado al TC el proyecto del tercer retiro del 10%. Hoy la clase media, las pymes y varias familias lo necesitan. Espero que el TC declare constitucional el proyecto con los nuevos elementos que contiene”, dejando en evidencia la molestia del sector oficialista.
Romero coincidió con las declaraciones de la parlamentaria y agregó que “los que trabajamos para que Sebastián Piñera fuera Presidente estamos molestos. Hay un quiebre total de Chile Vamos con el Presidente porque no entiende la necesidad que tiene la gente. No es populismo ni ganarse la simpatía de la izquierda. Todo lo contrario, es entender la crítica situación económica que viven miles de chilenos. La desconexión con la gente es total”.
El panorama es complejo porque si el TC declara admisible el requerimiento, se entrará al fondo del caso y se convocará a diversas audiencias. El fallo será inapelable.
Además, si el proyecto se declara inconstitucional, no podrá convertirse en ley.
En paralelo, la iniciativa se sigue tramitando en el Senado y si se aprueba con cambios, avanzará a su tercer trámite en la Cámara Baja.
De hecho, ayer por la tarde, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la iniciativa pese a que el Gobierno recurrió al TC (se mantuvo inclusión de rentas vitalicias).
Hoy se discutirá en sala y los 26 votos ya estarían confirmados, incluyendo sufragios de Chile Vamos.
Por otro lado, la oposición ya habla de una nueva acusación constitucional.
El diputado Saavedra confirmó que en el PS la idea se está analizando y que podría ser respaldada por los parlamentarios.
En tanto, el diputado Félix González (PEV), quién ya formuló una iniciativa de acusación constitucional el año pasado, indicó que “el Presidente se ha cerrado a la posibilidad de que las personas puedan enfrentar la escasez de recursos con el retiro del 10%, se ha negado a una renta universal de emergencia que verdaderamente llegue a todas las personas, ha dicho que no hay recursos, pero también se niega al impuesto a los súper ricos y al royalty, amenazando con llevarlos al TC. Mi firma está disponible para una nueva acusación”.