La diputada Joanna Pérez argumentó que la medida generaría una “verdadera masacre laboral” en el sector.
La diputada del Distrito 21, Joanna Pérez (DC), solicitó aplazar hasta el año 2030 la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, que está agendado para el próximo año.
La petición, busca asegurar el derecho a la educación de los estudiantes, impedir los cientos de despidos que podrían existir con la implementación de los servicios locales y la protección de los derechos laborales de los funcionarios, a propósito de la Covid-19.
La parlamentaria puntualizó que “es un proceso complejo que va desde aspectos formales, como realizar los concursos para proveer los cargos en los nuevos Servicios Locales de Educación, pero también preparar las nóminas de todos los profesores y asistentes de la educación que se traspasarán, sus cargas horarias, tipos de contrato de cada uno, determinar las deudas, asegurar el pago y detallar los derechos adquiridos con los que se traspasarán los trabajadores y trabajadoras”.
Para Pérez este proceso “debe realizarse de una forma que evite errores, protegiendo así el derecho a la educación de nuestros estudiantes, pero también los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. La pandemia que vive nuestro país ha impedido realizar este proceso en adecuadas condiciones”.
“La implementación de esta ley, puede generar una verdadera masacre laboral para cientos de profesionales que trabajan en los departamentos de educación municipal, es por ello por lo que le hemos solicitado al Presidente de la República, Sebastián Piñera, el aplazamiento de este proceso hasta el 2030”, sentenció.
En el Biobío aún faltan dos zonas por implementar, Arauco Norte y Valle del Biobío, pues durante 2020 comenzó a funcionar el Servicio Local de Educación Andalién Sur.