La Contraloría hizo la comparación en el mercado con los productos y determinó que el costo pagado fue un 3,3% menos al cotizado por el fiscalizador.
En el mayo del año pasado comenzó a armarse la logística para comenzar la distribución de “Alimentos para Chile”, política pública implementada en plena pandemia para las familias de clase media y baja, cuando la Región Metropolitana y otras zonas del país se encontraban en confinamiento.
En la Región se distribuyeron, no excepto de problemas, 191 mil canastas de alimentos por un costo de $6,5 mil millones, los que fueron financiados con dineros del Fondo de Emergencia del Gobierno Regional y del Ministerio del Interior.
Si bien, la Contraloría se encuentra en ejecución de dos auditorías a las compras realizadas por la Intendencia del Biobío, hasta el minuto, y tras un análisis hecho a Mercado Público, la Región compró las canastas más baratas a nivel nacional.
De acuerdo al estudio hecho por el órgano contralor, la cotización realizada por ellos, al menor valor, tiene un costo promedio por caja de $32.452, mientras que la Intendencia las adquirió a $31.406, un 3,3% de diferencia.
Pero no todo es miel sobre hojuelas para la administración regional, puesto que la Contraloría detectó que, en una compra realizada por 38 mil cajas al Supermercado Único de Los Ángeles, las que tuvieron un valor de $31.578 cada una, mientras que la cotización realizada por la Contraloría fue por $29.059, una diferencia de $2.519 por caja, un 8,7%.
La seremi de Gobierno, Francesca Parodi, señaló que “las realidades de cada región son dispares entre sí por temas de distancias, características del territorio, oferta y otros factores, pero lo que ha primado siempre es la inmediatez para llegar en tiempo y forma con la ayuda a las familias que más lo necesitan. En el Biobío no sólo buscamos las mejores alternativas, sino también privilegiamos proveedores locales para fomentar nuestro comercio e impulsar la economía”.
Con respecto a los sumarios por entregas erróneas, la autoridad comentó que son los municipios los responsables de llevarlos a cabo y ejercer sanciones en caso de ser necesarias.
En tanto, la diputada e integrante de la comisión de Gobierno, Joanna Pérez (DC), quien ha estado fiscalizando el uso de los dineros públicos a través de este programa, apuntó a que política de Estado no funcionó. “Se necesita una renta básica de emergencia por sobre la línea de emergencia. La caja familiar se presta para arbitrariedades, mal uso de ellas y otras situaciones, por lo que se deben buscar otro tipo de instrumento para llegar a las familias y otros criterios. En otras regiones hubo sobreprecios y también uso político de ellas”.