Parlamentarios del oficialismo y la oposición del Biobío consideran que el Gobierno no ha sido capaz de terminar con la violencia y un estado de sitio “no terminará con la violencia”.
Durante la semana, desde el oficialismo, asomó la posibilidad de decretar estadio de sitio en La Araucanía, dando paso a una militarización de la región. El objetivo es claro: controlar la violencia que se ha acrecentado en el último tiempo.
Desde el oficialismo, dicen que “es la forma de terminar con la ola de violencia”. Pese a la intención de un grupo de parlamentarios afines al Gobierno, desde la oposición, la idea es rechazada por completo.
Como el tema no sólo afecta a novena región y también abarca a algunas zonas de la Región del Biobío, parlamentarios locales también manifestaron su postura frente a una medida que consideran “dictatorial y poco apropiada”.
“Soy de los que rechaza la violencia y estoy por crear un espacio de diálogo y reencuentro, porque el problema de fondo es resolver la situación de los pueblos originarios. Hay que establecer una conversación abierta con los actores para ir resolviendo este conflicto. La militarización y la ocupación de la fuerza obedece a una percepción guerrera de la política por parte del Ejecutivo que no nos llevará a ninguna parte”, comentó el diputado Gastón Saavedra (PS).
Agregó que la peor experiencia se vivió el Colombia donde “se militarizó el conflicto y la escasez de diálogo terminó con una cantidad impresionante de muertos. Aquí tenemos que buscar una fórmula distinta que incorpore a los pueblos originarios para escuchar sus demandas. Debemos resolver el conflicto, no acrecentarlo”, dijo.
Por su parte, el diputado Félix González (PEV) indicó que “es un gran error el decretar un estado de excepción constitucional porque afectaría a mucha gente. Hay delitos de alta connotación, pero eso no requiere restringir las libertades constitucionales a toda la población. Esto jugaría en contra de las comunidades mapuche que son perseguidas por las policías. Esto le entregaría libertades a policías y militares que tienen antecedentes de constantes violaciones a los Derechos Humanos a partir del 18-O”.
Sobre el objetivo de oficialismo para adoptar una medida de este orden, el parlamentario señaló que “estamos en presencia de un gobierno que no ha podido resolver los problemas de delincuencia con inteligencia policial en ninguna región. Eso no sirve para resolver problemas de seguridad o territorio. Creo que buscan esta herramienta porque son un Gobierno autoritario, que gusta de la represión y que quiere terminar con esta violencia restringiendo todas las libertades de La Araucanía”, explicó.
Desde el oficialismo, el diputado Leonidas Romero, explicó que “la violencia, el terrorismo y el narcotráfico superaron a este Gobierno hace mucho rato. Seguir convocando al Congreso para continuar aprobando leyes es inapropiado. Estamos llenos de leyes que no sirven para nada. Nadie respeta ni hace respetar la ley. Hoy, todas las policías están amarradas de manos y no tienen atribuciones. Lo que hace el Gobierno y las jefaturas policiales, no tiene ningún sentido ni atribución. Creo que militarizar la zona no llegará a ningún lado”, dijo.
Agregó que los tres poderes del Estado están al debe en todo sentido. “La gente de la zona se está defendiendo como puede porque no está la decisión de terminar con este tema que nos ha generado muchos problemas. Las autoridades no están con la decisión de terminar con el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia”.
La medida no genera consenso. Sin embargo, los próximos días serán claves para analizar qué medidas adoptará el Gobierno que encabeza Sebastián Piñera.