División opositora y ejercicio democrático explicarían las reiteradas “derrotas” de quienes han formulado las nueve querellas a ministros del actual Gobierno.
Con la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Víctor Pérez, se concretó el noveno intento de la oposición por destituir de un cargo a una autoridad pública. Sin embargo, los resultados para el bloque opositor no han sido los esperados.
El ahora exministro (renunció tras la aprobación del líbelo en la Cámara), logró zafar del mecanismo entre abstenciones y votos en contra de la misma oposición, tal como ocurrió con Jaime Mañalich. Así obtuvo el apoyo necesario para evitar una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos.
A nivel ciudadano se han cuestionado los motivos que el Congreso ha tenido para liberar de responsabilidad a los ministros, pensando en que han tenido algún grado de responsabilidad en los diversos hechos de los que se les culpan, sobre todo, en manejo de las diferentes crisis.
“Si las acusaciones no han resultado, es por el valor de la democracia. Una acusación constitucional es algo grave que requiere una mayoría sólida, donde los parlamentarios actúan como jurado. Un factor fundamental que puede explicar los intentos fallidos de la oposición en esta materia es que la centroizquierda no tiene consenso (con 14 parlamentarios más que la centroderecha). Hay segmentos del PPD, de la DC y el PR que en varias instancias no han tenido acuerdo con los distintos grupos de izquierda”, comentó Esteban Valenzuela, director de Creasur UdeC.
Agregó que existen diferencias entre lo que vota la Cámara y el Senado, considerando que es algo válido, incluso, porque no hay acuerdo en la interna de los mismos partidos. “Es evidente que las diferencias programáticas y personalismos han afectado a la oposición como bloque. La utilización de este mecanismo es extremo, histórico y necesita de unidad en la coalición que acusa, algo que no ocurrió en este intento por acusar a Víctor Pérez, que sí tenía antecedentes sólidos”, dijo Valenzuela.
Desde el Congreso, las visiones del tema son variadas. “La Cámara estimó que había antecedentes y el Senado, actuando como jurado desestimó la opción de formular la acusación. Creo que debemos respetar ambas resoluciones. Estamos en democracia. En mi opinión, las acusaciones constitucionales deben ser un instrumento excepcional y creo que se está cometiendo el error de usar este mecanismo extremo como una herramienta de contingencia política. Considero que por eso han fallado”, dijo el diputado Jaime Tohá (PS).
El diputado del Distrito 21, Cristóbal Urruticoechea (Independiente, ex RN), explicó que, en el caso de la acusación a Pérez, en el Senado “venció la cordura, por lo que se rechazaron todos capítulos del libelo acusatorio porque no habían antecedentes fácticos y jurídicos que permitieran justificar la acusación. Con lo que ocurrió el martes, también quedó en evidencia la importancia del bicameralismo”.