Histórica negativa opositora y la incomodidad oficialista de la época ante la Asamblea Constituyente fueron factores influyentes para cerrar la puerta a una nueva Carta Magna.
Una de las principales promesas de campaña de la expresidenta Michelle Bachelet fue la creación de una nueva Constitución. Durante 2015, una vez que asumió la conducción del país, por segunda vez, la exmandataria dio inicio a un proceso constituyente con participación ciudadana como mecanismo principal.
En medio del proceso, se desarrolló un extenso programa, donde los encuentros y cabildos ciudadanos fueron fundamentales y que terminaron con la entrega de las Bases Ciudadanas del Proceso Constituyente.
Sin embargo y pese a las buenas intenciones del Gobierno, el proyecto no vio la luz por el escaso respaldo político y porque cuando asumió Sebastián Piñera, el sucesor de Bachelet, cerró la puerta por completo debido a que era un programa que “no se alineaba con las propuestas del nuevo presidente”.
“En ese tiempo, el tema constitucional ya estaba tomando gran relevancia. De hecho, la expresidenta tenía como propuesta un cambio constitucional en democracia. Los tres ejes fueron un proyecto institucional, democrático y participativo con un ejercicio de deliberación institucional y social que fue muy interesante porque tuvo altísima participación ciudadana, algo sumamente destacado”, comentó Tania Busch, académica de Derecho de la Unab.
Agregó que ese proceso, por “la poca aprobación presidencial y por el nulo impulso, terminó con un proyecto de reforma constitucional total a la Constitución, presentado al Congreso, pero que no avanzó en su tramitación, porque no había voluntad política para hacerlo avanzar”.
El nuevo proceso que quería implementar la presidenta estuvo marcado por tener mucha oposición. Un político que formó parte de aquella etapa fue el senador Alejandro Navarro (PRO), quien destacó la masiva participación ciudadana, aunque afirmó que nunca hubo real voluntad a generar un cambio.
“En el Parlamento no encontramos los pisos disponibles para aprobar el proyecto. Necesitábamos 2/3 y no lo logramos. Hubo demasiada oposición al cambio, incluso, del mismo oficialismo de aquel periodo. Sabemos que la derecha se ha opuesto de manera sistemática al cambio desde el año 1990 a la fecha, pero no esperábamos recibir una negativa de nuestro mismo bloque”, dijo el senador.
Uno de los factores para la negativa, es que el mundo político “incomoda la opción de Asamblea Constituyente, porque se apuesta a la elección de constituyentes para su redacción, algo que molesta a muchos parlamentarios”.
En tanto, el diputado Jorge Sabag (DC), que también era parlamentario por aquellos días, indicó que “el proyecto de Gobierno era interesante. Sin embargo, no vio la luz porque no hubo voluntad política, algo que cambió de manera forzada, con el estallido social. En ese tiempo existía mucha negativa en la misma coalición, situación que llevó a congelar el proceso”.
El texto presidido por la ex jefa de Estado establecía la inviolabilidad de la dignidad humana y el respeto y protección de los derechos humanos, lo que se encuentra omitido en la Constitución actual.
En lo que respecta a derechos sociales, esta establecería los derechos de los niños, niñas y de los adolescentes, destacando el derecho a la información, a trabajo o a la gratuidad en la educación.
Del mismo modo, ampliaría el derecho al debido proceso, el derecho a huelga, el derecho a la libertad individual, el derecho a la protección de datos privados o a la calidad en la salud pública.
En materia de género, aparece la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, especialmente en materia salarial.