Iniciativa presentada por el Ejecutivo no provoca consensos en el Congreso, pero, parlamentarios de Chile Vamos en la Región la critican porque genera distancia con los ciudadanos y la califican como un “arreglín”.
Las modificaciones a las inhabilidades de las autoridades políticas han traído diversas reacciones.
Y es que el debate, en un inicio estaba centrado solo en los consejeros regionales, quienes debían renunciar con un año de anticipación para participar de los comicios municipales y parlamentarios, lo que significaba una desventaja en relación a otros cargos políticos. Pero, en medio del debate en la comisión Mixta, el Ejecutivo sumó a la modificación de las inhabilidades a todas las autoridades escogidas por voto popular, incluyendo a concejales, alcaldes y parlamentarios.
Desde el gobierno, el ministro Segpres, Cristián Monckeberg, explicó que “creemos que permitir la competencia es razonable y debe ser la ciudadanía quien resuelva el futuro de estas decisiones”.
El titular comentó que la idea considera las conversaciones que se han sostenido con los parlamentarios integrantes de la instancia.
Sin bien se ha conversado, al interior de las coaliciones la propuesta no genera consenso ya que provocaría volver a foja cero con respecto a las conversaciones ya realizadas.
Y es que el tiempo corre para los partidos, puesto que el próximo 30 de septiembre deben presentar ante el Servel las coaliciones políticas de cara a las elecciones municipales y de gobernador. Con este plazo casi encima y el feriado de fiestas patrias, la presión es alta.
En el PPD, la diputada e integrante de esta comisión Mixta, Loreto Carvajal, adelantó su postura a favor de la propuesta, pues fortalece la democracia. “Terminamos con una injusticia que deja en desventaja a autoridades democráticamente elegidas, con esto se mejora la democracia, sin protecciones. Con esto reconocemos otros liderazgos que estaban limitados”, opinó.
En la DC la propuesta no cayó bien. La diputada y vicepresidenta de la tienda, Joanna Pérez explicó que “este proyecto estaba estancado desde 2017 y revivió en los últimos meses por intereses del gobierno”. Reconoció que al interior de la Falange no hay unidad en el tema.
En el oficialismo sí hay consenso, curiosamente, rechazan el proyecto, a pesar de que fue el Ejecutivo quien lo promovió.
El diputado Sergio Bobadilla (UDI) adelantó que rechazará la idea del Ejecutivo. “Es impresentable que mediante un ‘arreglín’ se busque una salida para quienes estamos en la actividad pública. Aquí el gobierno una vez más se equivoca y lo lamento, ya que se está obviando las necesidades del país” consideró.
Su par Cristóbal Urruticoechea (RN) apuntó a que “el proyecto de ley representa un retroceso para nuestra democracia y reafirma el desencanto que la gente tiene con los políticos. Levantar las inhabilidades de forma irreflexiva sólo perjudicará nuestro sistema democrático y distanciará aún más a la gente de sus representantes”.