La votación en torno al retiro del 10% de los fondos previsionales, ha dejado dudas, como el enfoque en la votación de los congresistas. Aquí algunas respuestas.
La semana que ya termina, estuvo marcada por el debate político en torno al retiro del 10% de los fondos previsionales, iniciativa que se aprobó en la Cámara, incluyendo votos de los parlamentarios oficialistas, y mañana podría vivir una jornada clave en el Senado.
La votación favorable de algunos representantes de Chile Vamos a una iniciativa contraria al Ejecutivo volvió a poner en el tapete a los “díscolos”, aunque con suerte dispares. Mientras en la UDI fueron pasados al Tribunal Supremo, en RN ni siquiera hubo un llamado de atención, al menos, público.
Así, luego de la Declaración Pública de la UDI, donde se menciona que los diputados que votaron a favor del proyecto actuaron en contra de los principios de la colectividad, hace preguntarse qué es lo que hace a un díscolo. Es decir, ¿cuando un legislador vota, debe hacerlo en base a lo que dicta su conciencia, el partido, su electorado, el país o el gobierno de turno?
En lo esencial, opinó el director de la Creasur de la Universidad de Concepción (UdeC), Esteban Valenzuela, se debe enfocar “al programa de gobierno y a las definiciones colectivas. Sin embargo, en temas éticos en que se juegan visiones profundas es correcto dejar libertad de conciencia como el aborto”.
No obstante, hay casos como el 10% en medio de “una crisis limítrofe, donde no se juega una definición programática de fondo (…). Coincido con Hernán Larraín en que la UDI y La Moneda han exagerado de manera autoritaria en algo opinable”.
Para Karla Muñoz, administradora pública, siempre “debiera responder al país. Los parlamentarios son ‘parlamentarios de la República de Chile’, más allá de haber sido electos por un grupo de electores y bajo un partido político, su mandato es de representación popular, por ello debe legislar de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía”.
Muñoz dijo que “es por esto que la Ley de Partidos Políticos prohibe expresamente la intervención partidaria al indicar que en ‘ningún caso podrán los partidos políticos dar órdenes de votación a sus diputados’. Además, la gran desconfianza de los ciudadanos ante el actuar del Congreso y de los partidos políticos, hace que los parlamentarios no estén en condición alguna de votar en razón de otra fuente que no sea el sentir ciudadano por simplemente cumplir con la disciplina partidaria”.
El analista político y académico de la Universidad Andrés Bello (Unab), Felipe Vergara, coincidió. “Los partidos designan sus candidatos, pero estos son elegidos por la gente y, por lo mismo, a quienes se deben es a ellos. Los partidos dan directrices, recomendaciones, pero no pueden imponer la manera en qué votan”, opinó.
Agregó que “hay ciertas ‘cláusulas de conciencia’ que se deben respetar, sino el Parlamento no tendría razón de ser”.
Para el representante de Corbibío, Andrés Cruz, “no se trata que el parlamentario tenga que imponer los intereses particulares de sus electores o de su partido, o de quienes los financian, por sobre otros intereses, sino que se trata de construir colectivamente interpretaciones comunes de la convivencia social. Pero del dicho al hecho…”.
Cruz planteó que “el que representa la soberanía del país es el Parlamento, no cada uno de sus miembros de manera aislada. La democracia representativa construye una relación entre gobernantes y gobernados marcada por dos lógicas que pueden aparecer como contradictorias. La primera es de la proximidad, que obliga al político a mantenerse en contacto de los ciudadanos que se dice representar para establecer cuáles son sus inquietudes y requerimientos, pero a la vez debe existir un cierto distanciamiento, ya que al decidir debe hacerlo teniendo como objetivo el interés general”.
Agregó que “el elector no es un cliente del parlamentario. Cuando se toma una decisión política se debe mirar más allá de la encuesta semanal. Ser transparente y consecuente no es lo mismo que ser exhibicionista y pusilánime”.
Cruz comentó que quienes legislan deben percibir la sociedad como un total “para impedir que el ejercicio de la actividad política se confunda con la prestación de un servicio” y “dar cabida a la necesaria deliberación de todas las perspectivas que determinará la satisfacción del bien común”.