Desde 1989, se han impulsado programas, que más que soluciones, se han transformado en deudas, al igual que investigaciones de hechos como la muerte de Camilo Catrillanca. Analistas coinciden en que la militarización es una muy mala señal y los ejemplos internacionales así lo demuestran.
“La experiencia internacional de combinar militares y policías ha sido nefasta”, dijo el senador Alejandro de Navarro (PRO), luego que las autoridades de gobierno confirmaran la intervención de militares en el zona de Arauco y La Araucanía.
El senador complementó: “el fracaso de utilizar militares en los conflictos sociales está reciente y cercano. (Donald) Trump ha utilizado la Guardia Nacional para reprimir las manifestaciones (en Estados Unidos) y a los pocos días debió retirarla por la denuncia internacional de violación a los Derechos Humanos”.
Analistas y académicos consultados coinciden en que la medida impulsada por la administración del Presidente Sebastián Piñera, aprovechando el Estados de Excepción, es una muy mala idea, considerando lo que ha ocurrido en otros países. Y no sólo eso. También, se alude a una serie de iniciativas que los distintos gobiernos han impulsado, desde el retorno de la democracia, para resolver las diferencias que existen entre el Estado chileno y los pueblos originarios y que, muchas de ellas, han quedado sólo en buenas intenciones (de los “Acuerdos de Nueva Imperial”, en la administración Aylwin, al “Plan Impulso Araucanía” de la actualidad).
“La militarización nunca ha servido ni en Chiapas, en Kurdistan, Irlanda o País Vasco. Menos en el Walmapu, donde desde 1997 no se detiene el conflicto y lo del Comando Jungla fue el extremo del doble estándar estatal de represión y mentiras”, comentó Esteban Valenzuela, director de Convergencia Regionalista de Estudios Aplicados (Creasur) de la Universidad de Concepción.
En el último punto, Valenzuela, por cierto, alude al hecho que terminó no sólo con la muerte del comunero Camilo Catrillanca, en manos de funcionarios de Carabineros, sino también a la serie de hechos que se produjeron con posterioridad, que dejaron en evidencia la manipulación de información y mentiras de parte del Ministerio del Interior y el descabezamiento de buena parte de la plana mayor de la institución policial.
“Lo que corresponde un proceso tripartito de negociación en el que intervengan el Estado, el pueblo mapuche y las forestales que siguen creciendo en medio de la pobreza de sus zonas de influencia”, sostuvo Valenzuela.
El sociólogo Manuel Rodríguez comentó que la presencia de militares en la contingencia política es “disfuncional al orden democrático, que posee otros instrumentos para cautelar el orden social y es una cuestión que, en las particulares condiciones históricas de Chile, lejos de garantizar la paz social, produce al contrario amplio rechazo ciudadano”.
La presencia de efectivos militares en Arauco y, eventualmente en la región de La Araucanía, opinó Rodríguez, es “contraproducente porque, de algún modo, valida la acción reivindicativa de tierras por parte de grupos asistémicos. Arauco vive un frágil equilibrio social y el desafío no es ‘armar el conflicto’ sino construir soluciones efectivas y acordadas con los pueblos que allí conviven”.
El sociólogo agregó que “desde tiempos pretéritos, existe en Arauco una cierta ruptura socio-cultural con el Estado, basada en el atraso atávico de un desarrollo nacional que les ha sido esquivo y en la convicción de que han sido víctimas de despojos. Así podría ser, en apariencia, fácil optar por la alternativa militar de entrada, pero, de incurrirse en este error estratégico, es previsible que será muy difícil retirar la fuerza militar de este conflicto”.
Tal como lo manifiesta el sociólogo los problemas con los pueblos originarias se arrastran hace muchos, pero sólo desde el retorno de la democracia se han instalado una serie de iniciativas que han sido muy mediáticas, pero que, a juzgar por la contingencia, no han tenido éxito.
La académica de la Universidad del Desarrollo (UDD), Lesley Briceño, recordó el denominado “Acuerdo de Nueva Imperial”, impulsado en diciembre de 1989 por el entonces Presidente electo, Patricio Aylwin. Uno de los puntos prometidos ahí fue el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Casi 29 años después, en noviembre de 2018, la actual administración del Presidente Piñera volvió a prometer lo mismo, ello evidencia que el avance, al menos, en ese punto ha sido igual a cero.
Lo anterior, sin mencionar la quema de camiones, toma de camiones, las muertes (y asesinatos) de comuneros mapuches o situaciones particulares, como la salida de Francisco Huenchumilla, como intendente de La Araucanía, tras redactar un documento donde proponía una solución al conflicto, que incluía las salida de empresa forestales.
“Pensemos en los ‘Acuerdos de Nueva Imperial’ donde se prometieron una serie de iniciativas que aún no se cumplen, estamos hablando de 31 años (…). Para entender lo que está ocurriendo hay que considerar muchas variables, como pobreza, exclusión constante… Entonces, antes de pensar en militarizar, el Estado debería seguir impulsando políticas de largo plazo, por lo demás, el pueblo mapuche, es un pueblo que necesita de diálogo constante”, comentó Briceño.