Además, sólo dos proveedores recibieron los $864 millones invertidos. Uno de ellos, Comercial Mayor, está inhabilitado como proveedor del Estado.
Florida y Los Álamos fueron las comunas que comenzaron a recibir las canastas familiares, pertenecientes al programa “Alimentos para Chile”.
Mientras los adultos mayores de esas comunas se vieron beneficiados con esta iniciativa, parlamentarios y cores cuestionan la adquisición de estas cajas.
Lo que genera suspicacias es que la Intendencia recurrió sólo a dos proveedores para la adquisición de las 27 mil 617 cajas que serán distribuidas, que fueron Comercial Mayor y Supermercado Único. El primero se adjudicó más de 18 mil 617 canastas para ser distribuidas en las provincias de Concepción y Arauco, por un monto de $584 millones 805 mil 209. Las otras nueve mil costaron $279 millones.
Comercial Mayor, ligada a la Familia Repetto, se encuentra inhabilitada como proveedor del Estado al mantener deudas previsionales vigentes.
La diputada y presidenta de la Comisión de Gobierno, Joanna Pérez, intentó obtener información sobre la logística de estas canastas, incluso reuniéndose con el intendente Sergio Giacaman, pero no tuvo más datos.
Incluso, el pasado martes, el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, participó de la comisión, pero no aportó detalles.
Ante esto, la parlamentaria apuntó a que “en todas las regiones existe una situación similar y el gobierno no tiene una claridad. Acá se deben entregar con transparencia los datos a los alcaldes para que las personas más vulnerables puedan recibir estos beneficios y no se transforme en un negocio de pocos”, acusó.
Pérez adelantó que se realizarán fiscalizaciones desde el Parlamento.
Por su parte, el diputado Gastón Saavedra tildó como una mala señal que el gobierno avale a una empresa que vulnera las leyes laborales. “La autoridad debe hacer cumplir los derechos previsionales y no hacer vista gorda, se debieron hacer los esfuerzos para premiar a quienes si cumplen la norma”, manifestó.
Saavedra consideró que en la aplicación de esta política pública hay visos de improvisación y mala comunicación, sin un análisis correcto de los factores involucrados. Y, al igual que Joanna Pérez, se sumará a las fiscalizaciones que realizará la Cámara.
Al interior del Consejo Regional tienen las mismas dudas que en el Parlamento y eso quedó reflejado en la comisión de Desarrollo Social realizada el martes. Allí, el administrador regional, Pablo Romero, debió dar cuenta de cómo se han gastado los más de siete mil millones de pesos que fueros traspasados desde el Fndr.
El core Óscar Ramírez indicó que “no tenemos claridad de dónde provienen los recursos, si del Fndr o del nivel central. Queremos que haya un uso eficiente de estos dineros, sino recurriremos a la Contraloría”, adelantó.
El intendente Sergio Giacaman respondió que los $864 millones corresponden al Fndr. “Son fondos de emergencia provenientes del Core que se traspasan a la intendencia y van a llegar recursos del nivel central para realizar las compras”, expresó.