Durante su reciente visita al país, se reunió con víctimas de las actuaciones policiales durante el estallido social y cuestionó el actuar de las autoridades. “Un gobierno democrático, sea conservador o progresista, debe tener claro el servicio público a los ciudadanos y la defensa irrestricta a los DD.HH.”, dijo.
“El pueblo unido jamás será vencido” retumbó con fuerza en los pasillos del añoso edificio que alberga al ex Congreso Nacional en Santiago, la noche del jueves. En medio de un centenar de invitados y asistentes al Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, la figura del otrora juez español, Baltasar Garzón, lucía tranquilo, sin dar señales de mayor aspavientos. Su figura, no obstante, fue una de las más requeridas del encuentro.
El juez, que logró detener a Pinochet en Londres, sostuvo encuentros con víctimas del estadillo social y representantes del pueblo mapuche, entre otras agrupaciones. En medio de esas actividades, se tomó unos minutos para conversar con Diario Concepción, ahondando en sus apreciaciones de lo que ocurre en el país tras el estallido y las posibles responsabilidades jurídicas de las autoridades.
– ¿Qué espera de este Foro Latinoamericano de Derechos Humanos?
– Un encuentro como este es muy bueno para poner en común las perspectivas de los distintos países víctimas y defensores de los derechos humanos, y así aportar soluciones y, entre todos, contribuir en la solidaridad y apoyo a los que están luchando. Yo me he reunido con muchas agrupaciones que están luchando tras el estallido social y quiero darle seguimiento a lo que ocurre acá. Me preocupa que haya una sensación en las personas que desde las instituciones, gobierno, policías y justicia no están siendo todo lo clara, evidentes y contundentes en la protección de los derechos de las víctimas. Lo que tenemos que hacer es exigir transparencia y responsabilidades para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos en los próximos meses, más aún de cara al proceso de nueva constitución que viene en camino.
– ¿Cuál es la imagen que tiene Chile afuera con respecto a los DD.HH.?
– La imagen que sale es muy preocupante, se ve una sociedad que sufre las consecuencias de un exceso de violencia policial, uso de medios desproporcionados. Es muy preocupante que haya 405 víctimas ya contabilizadas con estallido de globos oculares, que estén perdiendo la vista, más de dos mil personas detenidas con una normativa que exige una prisión imposibilitada de la reducción de penas. Y cuando sucede es porque algo no se está haciendo bien. Yo preguntaba cuántas personas de las policías estaban en prisión preventiva y me dijeron que ninguna. Entonces, está pasando algo grave y aquí no hay alguna justificación ni una corrección de rumbo, por lo que la sociedad exige cambios.
– ¿Es más fácil o difícil castigar internacionalmente a quienes violan los DD.HH.?
– Afortunadamente, hay normas vigentes de la Corte Penal Internacional, también hay mecanismos en la ONU, que tienen importancia y tenemos una sociedad más activa, puesto que se puede mostrar muchas situaciones que antes no podrían haber sido posibles. Los resultados del estallido social no sólo afectan a Chile, sino que a la comunidad internacional en su conjunto.
– ¿Cómo define jurídicamente lo que ocurre en Chile?
– Estallido social es una buena definición y, en términos penales, hay que ver cada caso. Según la concurrencia de los elementos nos podríamos encontrar en un crimen internacional que tiene que ser investigado aquí. Que sea un crimen de lesa humanidad no significa que tenga que ser indagado fuera del país, Chile tiene normas para perseguirlos, el tema pasa por la voluntad para investigarlos.
– ¿Tiene pensado reunirse con autoridades de gobierno?
– No creo que las autoridades de gobierno quieran reunirse conmigo, yo estoy con autoridades acá que son del pueblo y están comprometidos ante la sociedad a trabajar. Yo echo de menos a un gobierno. (Este es un gobierno) que no abre sus puertas a las víctimas, que no da soluciones, que no dialoga y que no implementa los medios para que se persigan los hechos criminales, tampoco va a tener interés de reunirse con alguien que venga de fuera, y yo tampoco me quiero reunir con alguien que no responde a las víctimas.
– ¿Chile aprendió la lección de la dictadura en materia de DD.HH.?
– A estos dirigentes les cuesta entender ese mensaje. Un gobierno democrático, sea conservador o progresista, debe tener claro el servicio público a los ciudadanos y la defensa irrestricta a los derechos humanos. Cuando aparatos policiales ejercen la violencia de forma desmesurada deben hacer una investigación interna, eficaz, transparente y contundente para que se gane en algo la confianza de las personas. Cuando se hace lo contrario y se estigmatiza a quienes buscan condiciones de vida mejor es algo muy peligroso. Denota que hay un pozo que está contaminando esa opción de gobierno.
– ¿Cuánto ayudará la visita de la Cidh a Chile la próxima semana?
– Creo que tiene la gran obligación y oportunidad para que sea clara y muy contundente en la protección de estos derechos y la exigencia para que el Estado tome posición, no como perpetradores, sino de transparencia en las investigaciones. Espero que esa labor se extienda a oír la voz de las víctimas y ellos no se pueden marchar sin saber lo que está ocurriendo.
– ¿Este informe puede ir en la misma senda de lo ya dicho por el Indh, la ONU, HRW, entre otros organismos?
– Son organismos independientes y la violencia sigue, la protesta continúa, las acciones contra personas continúan y hay espacios opacos que deben ser esclarecidos y no me cabe ninguna duda que el informe irá por esa línea, porque es lo que estamos viendo todos.