Parlamentarios y analistas concuerdan en que es la única forma de fiscalizar a las autoridades de Gobierno y que rindan cuenta ante el Congreso. En la UDI, en tanto, sostienen que la utilización del instrumento debe ser justificado.
Dos acusaciones constitucionales en 24 horas calaron hondo en el seno del Palacio de la Moneda y aún generan réplicas en todos los bandos políticos del país.
Hablamos de los procesos en contra del Presidente, Sebastián Piñera, y de quien fuera su escudero político y ministro del Interior, Andrés Chadwick, las que tuvieron diferentes destinos pero con repercusiones similares.
Y si bien la acusación contra Chadwick se concretó y cuadró a la oposición bajo una sola línea, dejando al militante UDI fuera de la primera plana política por los próximos cinco años; con el Presidente Piñera la cosa fue muy distinta. Con votos de la oposición la derecha logró que el libelo zozobrara y quedara solo en la cuestión previa.
En la izquierda muchos revivieron los fantasmas del 1 de octubre, cuando se hizo una acción similar en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, tuviera el mismo destino, el rechazo.
Similitudes las hay, como los nombres de la oposición que votaron en rechazo de la acusación, así como la catarsis generada al interior de la izquierda, pero en todo el espectro político se genera el cuestionamiento sobre el futuro del instrumento.
Según la normativa, esta instancia se da cuando ocurre una infracción a la Constitución, pero cada vez se asemeja a un juicio político. Así lo acusa la presidenta y senadora de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, tienda que durante este 2019 ha debido ver a dos de sus militantes enfrentados a esta instancia.
“Me preocupa que se utilicen políticamente, pero ellas se deben hacer fundamentadas. En el caso de Chadwick, todas las fundamentaciones fueron políticas. Estamos utilizando políticamente, por una mayoría circunstancia, sin ningún rigor intelectual la acusación constitucional haciendo que pierda todo sentido. Salvo en la acusación constitucional, donde el Senado es juez, ese no es su rol. Para fiscalizar el rol del gobierno está la Contraloría, los tribunales y la democracia que somete a evaluación a sus autoridades”, manifestó.
Desde la vereda opuesta, el diputado socialista Gastón Saavedra, quien participó en la comisión que revisó el libelo contra el Presidente Piñera, consideró que es la única forma que tienen para fiscalizar los actos del Gobierno, y que esto se ha transformado en un juicio político.
“Es una atribución que tiene el Parlamento que nos entrega la Constitución, debemos ponderar siempre el momento para hacer su presentación y la democracia permite la libre expresión de todos. Acá tratamos de establecer responsabilidades políticas. Es la herramienta que tenemos en el minuto, esperamos que en la nueva constitución tengamos nuevos elementos como el impeachment”, expresó el parlamentario socialista.
En el mundo académico, los expertos también tienen una visión dividida.
El analista político y académico de la Universidad Andrés Bello (Unab), Felipe Vergara, apuntó que los últimos episodios confirman que existe un mal uso de esta herramienta.
“Se está transformando en un juicio político, más que de cumplimiento de normas constitucionales. Fue la derecha que partió con un sistema así cuando acusaron a Yasna Provoste el 2008, en donde el único argumento era una mala gestión como ministra, pero nada constitucional, al igual que lo ocurrido con el ex ministro (Harald) Beyer. La herramienta no se está utilizando como fue concebida”, comentó.
Por su parte, Daniel Ibañez, presidente de la Fundación Participa, estimó que la acusación constitucional es “un instrumento necesario y fundamental para hacer efectivas las responsabilidades políticas de las altas autoridades, si no existiera estaríamos frente a una suerte de impunidad política que no es sana para la democracia”.
Ibañez consideró que debe ser perfeccionada en relación a la sanción que tiene, puesto que una sanción política por violaciones a los derechos humanos no puede ser la misma por temas de corte político administrativos, como ocurrió en los casos de Yasna Provoste y Harald Beyer.