Documento detalla episodios de vulneración de derechos con participación de agentes del Estado tras el estallido social. La visita de la delegación al Bío Bío incluyó reuniones con agrupaciones de la sociedad civil y víctimas de estos hechos.
Lapidario, así fue definido por diversos actores del acontecer político el informe emitido por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre la crisis social que se vive desde el 18 de octubre en Santiago y un día después en la Región y el resto del país.
El documento, que fue dado a conocer la mañana de este viernes, aborda desde diferentes perspectivas la situación que ocurre en el país, entre ellas, violación a los Derechos Humanos (DD.HH.).
Según la información recopilada, entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre, 28 mil personas han sido detenidas de forma arbitraria. Para la confección del documento, se realizaron reuniones con 300 miembros de la sociedad civil, 235 víctimas de presuntas violaciones a los DD.HH. y 60 entrevistas a oficiales de Carabineros, incluso, heridos en manifestaciones.
Entre las conclusiones del organismo, se establece que “Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre personas que se manifestaban pacíficamente y manifestantes violentos”. A esto, se suma otra cifra no grata, 113 casos de tortura y malos tratos y 24 casos de violencia sexual por parte de agentes del Estado.
El informe de 30 páginas incluye cuatro de vulneraciones a los DD.HH. ocurridos en el Gran Concepción durante el estallido social, todos con distintas consecuencias.
El primero en ser mencionado es el Manuel Rebolledo Navarrete, de 23 años, quien fue atropellado por un camión de la Armada el 21 de octubre en la población Libertad de Talcahuano. “Rebolledo recibió heridas de bala en la pierna y, luego, fue atropellado por el camión. Murió de inmediato debido a heridas en la cabeza”, se lee en el escrito. Se agregan las medidas cautelares al funcionario involucrado tras su formalización.
También se encuentra el caso de Alfonso Chandía, quien fue detenido cerca de las 21:30 horas en una calle de Concepción, en tiempos de toque de queda. Chandía fue golpeado por cuatro policías en reiteradas ocasiones, sufriendo fracturas de nariz, pómulos y codos, además de contusiones en varias parte del cuerpo. En el Hospital Regional penquista, el agredido fue sometido a una alcoholemia, pero no a una constatación de lesiones.
El informe de la ONU también incluye el caso de Alejandro Torres, camarógrafo de Mega, quien el 22 de octubre, en Chiguayante, “fue herido por un disparo por parte de Carabineros, mientras cubría el saqueo de un supermercado. Como resultado de las heridas de perdigones, perdió la visión en un ojo”.
Igual se alude el caso de Lukas Jara, “fotógrafo del Diario Concepción, quien el 21 de octubre resultó herido a raíz de disparos con armas antidisturbios por parte de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Estos le habrían apuntado directamente, mientras Lukas Jara tomaba fotos de una niña detenida durante una manifestación en Concepción”.
Tras conocerse el informe de Naciones Unidas, en la Región, se generaron diversas visiones sobre los resultados.
Carolina Chang, jefa del Indh en el Bío Bío, dijo que si bien no conocía en profundidad el informe, si conocía los casos. “Son casos en los que hemos presentado querellas y nos parece preocupante, puesto que están identificados quienes son los autores y ellos (las víctimas) estaban identificados como prensa. En el caso de Manuel Rebolledo es un homicidio, según los antecedentes con que contamos, ya que el chofer debió haber previsto que podía ocasionar la muerte de alguien”, explicó.
Por su parte, el intendente Sergio Giacaman aseguró que “es algo que no es bueno, pero no es algo sistemático ni institucional. Es lamentable que en nuestra región hayan ocurrido este tipo de situaciones y desde luego yo he propiciado que estos casos se investiguen y sancionen”, puntualizó.
El diputado Gastón Saavedra (PS), quien participó en la comisión que analizó la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, señaló que es “la ratificación de otros informes internacionales y confirma lo que fue nuestro eje central de la acusación, en Chile existe violación a los Derechos Humanos desde el 18 de octubre. Las acciones que tomó el Presidente no ayudaron a disminuir la violencia en las calles, por lo que hubo omisión en ellas y eso derivó en más lesiones por el actuar de los agentes del Estado”.