Parlamentarios oficialistas han acusado al Ministerios Público de no realizar su trabajo por vandalismo en las calles. Desde el otro lado acusan laxitud en las leyes, pero hay más episodios en esta historia de larga data.
Utilizando jerga militar se podría decir que la pugna entre el oficialismo y el Ministerio Público, durante los últimos días, está viviendo una nueva “campaña”.
Lo anterior, debido a las declaraciones cruzadas por el actuar del ente persecutor tras determinar salidas alternativas para un determinado número de imputados por saqueos ocurridos durante el estallido social.
Declaraciones como las del diputado del Distrito 20, Sergio Bobadilla (UDI), quien a través de una declaración pública acusó al Ministerio Público de “no estar dando el ancho para abordar los graves problemas de inseguridad que vive hoy el país”, o la petición del intendente, Sergio Giacaman, para que los persecutores estén en la calle, son parte del corolario.
Desde el punto de vista jurídico también ha habido reacciones, el abogado Jorge Bofill, que representa al Ejecutivo en varias causas, dijo que “aquí no solo hay un problema de incumplimiento de deberes de los fiscales que instan por estas suspensiones condicionales, sino que acá no existe una política de persecución penal (…). Aquí hay una ausencia de una política criminal del Ministerio Público”.
Otros, como el senador, Iván Moreira (UDI), han ido más lejos, por ejemplo, “pidiendo la cabeza” del fiscal nacional, Jorge Abbot, aludiendo a sus “inoperancia”.
“Ha tenido incapacidad para afrontar esta crisis al no impedir que los violentistas y saqueadores vayan a la cárcel. No podemos tener un fiscal sentado detrás del escritorio”, dijo Moreira.
Y claro la respuesta desde el Ministerio Público no se hizo esperar. El propio Abbott les recordó a Bofill y a Moreira que ellos fueron beneficiados con una salida alternativa. En efecto, el abogado defendió al senador de Los Lagos cuando estuvo imputado en el Caso Penta. De hecho, recordada es la frase que alude a un “raspado de olla” cuando el militante UDI solicitó recursos para campaña a la firma.
“Lo que me llama la atención es que nuestros críticos son quienes han sido abogados de empresas, instituciones o personas que han accedido a suspensiones condicionales por hechos que han sido particularmente graves también, por ejemplo en el caso Penta, en el caso SQM, en el caso del senador Iván Moreira”, recordó el fiscal.
Bofill retrucó diciendo que la Corte Suprema y de Apelaciones capitalina no comprobó la existencia de delito. Pero quien estuvo cargo de la causa, el ex fiscal Carlos Gajardo, recordó que hubo antecedentes suficientes contra Moreira y que por algo se le desaforó.
A esto se sumó la llamada “Doctrina Abbott” que surge tras la llegada del actual fiscal nacional a la cabeza del ente persecutor en diciembre de 2015. Fue entonces que se inició la rearticulación de los equipos investigativos, bajo el compromiso de “ir terminando las causas”, una especie de cocina política que se dio en el Senado y que permitió la impunidad de varias figuras políticas que accedieron a salidas alternativas.
Para quienes miran de lejos estas polémicas, la actitud de algunos políticos busca involucrar al Ministerio Público en la ineficacia que ha tenido el Ejecutivo intentando criminalizar la protesta social.
“Quieren hacer del movimiento social un asunto penal y distraer el fondo del reclamo a un problema de persecución criminal cuyo fracaso se lo quieren endosar al Ministerio Público ante la falta real de voluntad de buscar una propuesta sería de carácter político”, comentó el abogado y ex fiscal Andrés Cruz.
Consultado al respecto, el ex concejal de Concepción, Jorge Condeza, consideró que existe un doble estándar de la clase política, ya que cuestionan a los jueces, pero cuando les afectan guardan un silencio cómplice.
“El mejor ejemplo que tenemos es la persecución de delitos en las llamadas platas políticas. O la defensa corporativa que se hace cuando se acusa a alguien del sector político en situación de corrupción. El bloqueo realizado al SII para evitar que la fiscalía investigará posible corrupción es otro ejemplo del interés de la clase política por sobre la justicia”, enfatizó Condeza.