Aprobación del proyecto en la comisión de Constitución es visto con buenos ojos en la zona. Eso sí, otros actores como los jueces o los asesores parlamentarios cuestionaron la medida incluida a última hora.
Fueron varios diputados que presentaron proyectos de ley para rebajar la dieta parlamentaria y no lograban que avanzara, incluso, la propuesta que ingresaron hace algunos años los diputados y ex líderes del movimiento estudiantil del año 2011, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, parecía que tendrían el mismo futuro.
Pero la contingencia por el estallido social hizo que el proyecto tuviera otro destino y que la tarde de este miércoles lograra el primer avance en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados tras una votación unánime.
Pero el espíritu original de la propuesta fue trastocado por un artículo transitorio que incluyó a todos los funcionarios del aparato estatal, sin discriminación alguna.
Desde el Poder Judicial tildaron la medida como algo atentatorio a la independencia de los jueces. “Una baja significa atentar contra la independencia de los jueces y su inamovilidad, porque están sometidos, entonces, a una situación de contingencia y pueden dejar otras tareas por la labor privada, a buscar otros ingresos y esto puede significar que la presión sea muy fuerte y podemos abrir en algunos casos puertas para situaciones indebidas”, aseguró el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas.
En el Congreso ven con buenos ojos la decisión de la rebaja de los sueldos más altos del aparato público, pero cuestionaron las modificaciones ingresadas a última hora.
La diputada Joanna Pérez (DC) comentó que debe ser revisado todo lo que se cancela con recursos del Estado. “La gente quiere que los recursos sociales se distribuyan en las prioridades de quien lo necesita, pensiones, salud y educación, y no para privilegios de algunos. Por ello se deben transparentar todas las ramas que disponen de gastos excesivos”.
Por su parte, el diputado Enrique van Rysselberghe (UDI) apuntó a que “la coyuntura actual abrió un espacio para revisar -en general- los costos y las remuneraciones de todo el estado y aparato público”.
En tanto, su colega Gastón Saavedra (PS) explicó que “me parece acertada la rebaja, puesto que del presidente para abajo debe haber una estructura de sueldos acorde al servicio público y eso debemos recuperar. Incorporar los sueldos más bajos o lo de los funcionarios del Congreso fue un error”, señaló.
El senador Felipe Harboe (PPD) dijo que hay que ser cuidadoso con las carreras funcionarias. “Es evidente hacer una reforma a las altas remuneraciones del Estado, pero hay que ser cuidadoso con las carreras funcionarias, ya que se pueden generar desincentivos y no dejarse llevar por el populismo”, cerró.
En la Intendencia del Bío Bío también verán los cambios en las remuneraciones en el aparato estatal.
De acuerdo a transparencia activa, el intendente Sergio Giacaman tuvo un sueldo de $8,5 millones en el mes de octubre, mientras que su jefe de gabinete, el abogado Juan Pablo Besser, alcanzó los $3 millones. En tanto, uno de los asesores de confianza de la autoridad, el militante de la UDI, Hugo Rodríguez, con 4° medio alcanza un sueldo de $1,1 millones. Por otra parte, el jefe de comunicaciones del organismo, Guillermo Palma, tiene un salario de $3,3 millones.
Tras conocer la votación, el intendente Sergio Giacaman aseguró que la iniciativa responde a humanizar a quienes tienen cargo de autoridad. “Me parece bien que se evalúe el tema de los salarios. Hay una nueva realidad y nos tendremos que ajustar. Yo estoy aquí por un espacio de servicio, esto es una buena señal desde la clase política al evitar ciertos privilegios”, manifestó.