Encabezados por representantes de la Unión Portuaria, de los profesores y de diversos sindicatos, se realizó una masiva marcha por el centro penquista. Acción que se impuso a hechos vandálicos realizados por turbas aisladas.
Por: Gonzalo Henríquez / Samuel Esparza
Desde muy temprano, cerca de tres mil trabajadores portuarios comenzaron a congregarse en la Plaza España para marchar hasta la Plaza Independencia, donde mostraron su apoyo a las demandas ciudadanas y declararon un paro de tres turnos, hasta hoy a las ocho de la mañana, en los seis puertos de la Región y que se suman a la paralización de otros 20 terminales del resto del país. Se trató de una marcha totalmente pacífica, sin detenidos ni acción policial y que cerca de las 12 horas ya había concluido.
Juan Quezada, vocero de los puertos Penco-Lirquén y de la Unión de Portuarios de Chile, sostuvo que “hay que hacer cambios profundos en el país. Llevamos más de 30 años después de la dictadura con puro maquillaje. Los trabajadores portuarios levantamos la voz con humildad y llamamos a todos los sectores a hacer lo mismo, somos trabajadores, no delincuentes, trabajadores de esfuerzo”, apuntó.
Quezada hizo un llamado a movilizarse con calma y de manera pacífica. “Llamamos a la unidad laboral, no a los desmanes ni los saqueos: eso lo repudiamos, porque lo único que están haciendo es perjudicar al pueblo. Nuestro llamado es solamente a paralizar y a marchar en forma pacífica, demostrando nuestro descontento porque queremos un Chile mejor”, apuntó.
Lo propio indicó Sergio Parra, del sindicato de estibadores de San Vicente. “Llamamos a un paro nacional y marcha en cada región portuaria por el mal gobierno de Piñera, que heredó de la Concertación. Son 30 años donde para el pueblo trabajador no ha cambiado nada. Estamos por las pensiones, salud, por una vida digna para el pueblo, estamos con los trabajadores del sector público, los estudiantes, los sin casa, todos debemos unirnos. El mal gobierno nos afecta a todos, se llenan los bolsillos y nos tienen con pensiones de hambre”, manifestó.
Otra entidad que se unió a la movilización fue el Serviu, donde Osvaldo Trujillo, dirigente regional y nacional de los funcionarios de Vivienda, destacó que, “esto es el sentir de todo un país que está indignado por lo que hace el mundo político contra lo más sensible que es la dignidad de las personas. Aquí hay una manifestación en pro de los derechos fundamentales de la gente y velamos por el derecho del acceso a la vivienda. Y el Gobierno, con el proyecto de vivienda de fusión, está poniendo en jaque ese derecho y dejando en manos del mundo privado para que se resuelva bajo ley de mercado, favoreciendo a las inmobiliarias y no a la gente. Somos cerca de 700 funcionarios, todos votamos hoy el paro y adherimos a esta movilización”, aseveró.
En términos generales, fue una marcha sin detenidos ni acción policial, hasta que al intentar regresar por calle O’Higgins, en dirección a Plaza de la Independencia, fueron repelidos por carros lanza aguas y lanza gases. Consultado el por qué de la reacción ante una movilización pacífica, un capitán de carabineros a cargo del procedimiento, explicó que, “el estado de emergencia bajo el cual está la provincia, restringe los derechos de reunión y movilización”.
Al respecto, Carolina Chang, jefa del Instituto Nacional de Derechos Humanos, mostró su preocupación. “Hemos estado vigilando en el marco de función policial y derechos humanos, efectivamente era una marcha súper pacífica, con familias y niños, hartas personas de la tercera edad y vemos con preocupación el uso de medios disuasivos”, analizó.
Un recorrido a primera hora de ayer, daba cuenta del complejo domingo que se vivió en la provincia. Decenas de locales con sus vitrinas rotas, muchos saqueados cuyos trabajadores intentaban poner orden y sacar el máximo de destrozos. Muy lejos de las palabras que horas antes pronunció el intendente, cuando llamó a la calma a la población, bajando el perfil a los sucesos de violencia, perpetrados por grupos minoritarios.
Pasado el mediodía, hubo intentos de quemar el primer piso de los Tribunales de Justicia, a lo que siguió el incendio intencional del primer piso de la Seremi de Educación en Calle San Martín. Difícil fue también lo acontecido en el Outlet de San Pedro de la Paz, que sufrió saqueos durante la tarde, mientras que el supermercado Unimarc de calle Chacabuco también fue objeto de un intento de robo. Lo mismo que las dependencias de Pacífic Blu, en Talcahuano.
Aquello se extendió incluso pasadas las 18:00 horas, en pleno toque de queda, cuando en el sector de Camilo Olavarría, frente al anfiteatro en Coronel, se desarrolló un violento enfrentamiento de encapuchados con carabineros. En horas de la tarde, en tanto, el supermercado Santa Isabel de la Diagonal, sufrió nuevamente de robos por individuos que rondaban constantemente el sector, siendo detenidos algunos de ellos.
A raíz de los incidentes, el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción recibió numerosos heridos, principalmente por perdigones en extremidades, el más grave un joven que recibió un proyectil en un ojo. Héctor Muñoz, seremi de Salud, aseguró que todos los centros de salud trabajaron de forma normal, informando que al cierre de esta edición habían 196 heridos derivados de las manifestaciones, cinco por armas de fuego y cuatro por arma blanca.
Apartado de aquello, la jornada de ayer se caracterizó por la mayor cantidad de ciudadanos en las calles, con gente manifestándose en tranquilidad a través de batucadas, bailes y cacerolazos, dando muestra del descontento popular reflejado con respeto.
Claudia, quien prefirió no dar su apellido, señaló que, “estoy acá porque para estudiar tuve que pagar millones en educación universitaria; porque pago impuestos y no tenemos salud digna, la gente muere esperando por atención; estoy acá porque soy hija de una mujer que trabajó toda su vida y ahora recibe una pensión de miseria, con un sistema de pensiones al que fuimos obligados”.
Catalina Romero, matrona de la Universidad de Concepción, indicó que, “hasta hoy estoy pagando mi crédito universitario que es injusto. Quiero que mañana mi sobrino pueda acceder a una educación de calidad y no tener que sacarse la cresta para eso y que las personas no tengan que esperar un año por una mamografía en el servicio público que es donde yo trabajo”, concluyó.