A propósito de las indefiniciones del intendente Sergio Giacaman, analistas y académicos se refieron a la actual legislación ambiental y a la pertinencia de que las autoridades de turno se pronuncien.
En julio de 2017 el ex intendente, Rodrigo Díaz, como parte de la Comisión Evaluadora Ambiental, aprobó el estudio de Impacto Ambiental del Terminal Marítimo GNL Talcahuano. Las críticas en su contra no se hicieron esperar.
Este año, el 12 de agosto pasado, el intendente en ejercicio, Sergio Giacaman, en la misma instancia, se abstuvo de pronunciarse respecto al proyecto “Ciudad del Parque” de la inmobiliaria Aitué y dos semanas después no estuvo presente en la votación sobre el terminal GNL Penco Lirquén.
Un día luego de la votación, Giacaman se excusó, asegurando que cumplía agenda en Arauco. La falta de definición de la autoridad, por cierto, fue foco de críticas y cuestionamientos, tanto de parlamentarios del oficialismo como de representantes opositores.
El hecho pone en discusión no solo la responsabilidad de las autoridades, sino también la vigencia de actual legislación medioambiental. Al menos, así opinan analistas y académicos consultados.
“Las autoridades tienen que enfrentar estos temas, que son de presente y futuro”, comentó el ex intendente, Martín Zilic, quien durante su administración debió hacer frente a una serie de problemáticas mediambientales: la instalación de la represa Ralco, quizás, la más emblemática.
“Los temas medioambientales son técnicos y políticos”, agregó. En su opinión, los políticos tienen que tomar definiciones sobre lo que se tiene que hacer, bajo qué circunstancia y en qué momento.
Para Daniel Ibáñez, presidente de la Fundación Participa, “en términos generales parece razonable que existan autoridades cuya opinión sea considerada al evaluar proyectos que pueden tener algún tipo de impacto ambiental, en particular considerando que las actividades que pueden requerir de una evaluación son también multisectoriales muchas veces”.
Ibáñez agregó que “lo que parece preocupante es que las autoridades que están en esos espacios de decisión se abstengan de votar. No hay excusa para que no voten, ellos tienen los equipos profesionales necesarios para brindarles asesoría que les permita pronunciarse de manera informada y responsable, por tanto, la falta de expertise de la autoridad no es justificación suficiente para abstenerse de cumplir el rol que le compete”.
Hay otras voces que sostienen que la actual legislación medioambiental está superada y requiere de cambios, pues actualmente, afecta tanto a inversionistas como a la calidad de vida de los ciudadanos.
Augusto Parra, presidente de la Fundación República en Marcha, es de esa idea y planteó que “hay que pensar en una institucionalidad donde la política esté los más alejada posible, y esté más enfocada en los técnico. Es cierto que la política puede aportar con una mirada más integral, pero también, a veces, hay intereses que lleva a decisiones que no son las más adecuadas”.
Felipe Vergara, académico de la Universidad Andrés Bello (Unab), dijo que a raíz de los hechos conocidos en el último tiempo, está siendo muy difícil separar la política de los negocios (casos de Frei, Kast, Piñera, etc), por tanto, se debe asegurar que la decisiones técnicas sean efectivamente “técnicas”. Coincidió en que la ley ambiental está obsoleto, pues por mucho que se avance en el término de las bolsas plásticas, hay ciudades que siguen siendo afectadas por episodios de contaminación.