Este año no se consideran montos en los gastos operativos que contempla el Fndr, pero ya se vislumbran el pago de, al menos, $122 millones por desvinculaciones injustificadas.
Durante 2018 el Gobierno Regional (Gore) debió cancelar $415 millones 877 mil en indemnizaciones por despidos injustificados.
En lo que va del presente año, ya es un hecho que la administración regional deberá cancelar, al menos, $120 millones. Al 30 de abril ya se han cancelado $52 millones 747 mil y, hace poco, se confirmó una condena que ordena el pago de casi $70 millones a una ex funcionaria del sistema informático que llevaba trabajando cerca de 12 años en esa repartición.
Sin embargo, en el marco presupuestario del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr), el ítem gastos operacionales, no considera este tipo de pagos. Por ello, la semana pasada, en medio de la discusión que lleva adelante el Consejo Regional (Core) para la elaboración de una propuesta presupuestaria para 2020, el consejero regional del PS, Andrés Parra, expuso este tema.
Junto con lo anterior, con fecha 5 de junio, hizo llegar una carta al intendente del Bío Bío, Sergio Giacaman (con copia al secretario ejecutivo del Core y al jefe de la División de Análisis y Gestión, Alejandro Reyes) exponiendo el tema, consultando si existe una proyección respecto de cuántos juicios aún están pendientes y de dónde salen los recursos que la ley obliga pagar a la administración regional.
El tema preocupa, además, pues aún no se conocen avances respecto a la instalación de las nuevas divisiones del Gore y del futuro administrador regional, tal y como lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Regiones, comentó Parra.
“Se estima que este año, deberían bordear otra vez los $400 millones las sentencias que ya en primera instancia están dictadas. Obviamente, el Gore ha estado apelando, y se tiene que esperar la sentencia definitiva. Lo cierto, es que en el presupuesto de este año no están considerados fondos para este ítem y la única forma de pagar estas sentencias es reasignar recursos”, comentó el consejero socialista.
Lo anterior, dijo Parra, sin considerar el gasto que se ha efectuado en asesorías por demandas laborales, las mismas que estarían bordeando los $60 millones anuales.
“Todo esto se traduce en un problema de gestión interna y, a la vuelta de un año, se entiende, porque no fueron pocos los trabajadores que fueron desvinculados. Eso provoca que la gestión del Gore esté con todos estos problemas”, sostuvo.
El presidente de la comisión de Presupuesto del Core, Jaime Vásquez (UDI), comentó que “más que un tema netamente político, pasa a ser un tema de Estado, del cual debemos hacernos cargo. Muchos casos corresponden a fallos de primera instancia, los cuales se encuentran con apelaciones para la respectiva resolución”.
Agregó que “las disposiciones legales han cambiado y principios protectores como la tutela laboral y la legítima confianza hacen que muchas decisiones que fueron tomadas en su momento, pudieran ser falladas favorablemente a los quienes fueron desvinculados”.