Esto, tras informe elaborado por el organismo que reveló cambios a niveles académicos y directivos. En tanto, surgieron críticas al compromiso propuesto desde el Mineduc en la materia.
Con la convicción de que es necesario seguir avanzando en reducir las desigualdades de género en sus instituciones, el Consejo de Rectores desarrolló su sesión ordinaria en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca.
En el encuentro, los rectores revisaron el informe de la Comisión de Igualdad de Género, creada tras las movilizaciones feministas de 2018. Este grupo -presidido por Antonia Santos, directora de Equidad de Género y Diversidad de la U. Arturo Prat, e integrado por académicas y directivas de planteles universitarios- evaluó los avances en la aplicación de políticas en materia de igualdad en las instituciones del Cruch.
El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Aldo Valle, destacó el trabajo desarrollado por las universidades en este ámbito. “La existencia de las unidades de género en las casas de estudios y que haya políticas institucionales ha significado cambios en las instituciones. Esto garantiza y crea una base distinta, que permitirá acelerar otros cambios que se relacionan con la superación de brechas de género que existen a nivel de los académicos y los cuadros directivos”, aseguró.
El rector Valle sostuvo que estas transformaciones deben ir acompañadas de cambios culturales más profundos. “Debemos superar los sesgos de educación sexista que tenemos instalados en las relaciones institucionales; también, se trata de lo que se hace en la investigación, en docencia y en los currículos. Ahí hay una tarea mayor que ahora tiene esta otra condición: que hay lugares institucionales desde donde se impulsan políticas de género, se hacen seguimientos y, por eso, es que hoy hacemos esta evaluación”.
La autoridad del Cruch, además, afirmó que “es obvio que el movimiento social ha tenido un impacto muy favorable, porque ha impulsado a las comunidades internamente, para que haya niveles de participación más elevados y respuestas institucionales de parte de las universidades”.
El informe de la comisión fue presentado a los rectores por Antonia Santos, junto con Javiera Arce, secretaria ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la U. de Valparaíso, y Lorena Castro, directora de Género de la U. de Talca.
Las principales conclusiones indican que durante el último año, el 39% de las universidades del Cruch han hecho diagnósticos sobre la inequidades de género; mientras que el 28% está en proceso de hacerlos, el 11% está en etapa de diseño y el 22% aún no comienza esta tarea.
En tanto, el 61% de las instituciones ha creado unidades o direcciones de equidad de género y el 100% ha desarrollado protocolos contra la violencia de género, de los cuales, el 72% se encuentran operativos, mientras que el resto están en proceso de validación. Además, un 70% realiza actividades de difusión de estos instrumentos.
En el ámbito de la participación, en el 47% de las casas de estudios ha crecido la presencia femenina en la toma de decisiones; mientras que un 58% de las actividades sobre educación no sexista desarrolladas al interior de las universidades han estado dirigidas a los tres estamentos (estudiantes, académicos y funcionarios).
Además, sobre el 50% de los planteles dispone de información y datos estadísticos desagregados por sexo.
Mientras que Christian Schmitz, rector de la Ucsc, se mostró crítico al compromiso efectuado por el Ejecutivo en esta materia, en declaraciones a “El Mercurio” manifestó que “La comisión de género rechazó en gran parte el documento, porque adolece de una parcialidad que no se condice con la mirada integral que requiere la problemática”, enfatizó.
En otro ámbito, el rector Valle sostuvo que se le solicitó al Ejecutivo que autorice a las universidades usar fondos del Crédito Solidario para compensar los menores ingresos que recibirán debido a la pérdida de gratuidad que sufrirán los y las estudiantes que exceden la duración formal de sus carreras.
El vicepresidente ejecutivo del Cruch reiteró el llamado a que se constituya una mesa de trabajo entre los Ministerios de Educación y Hacienda y las instituciones de educación superior adscritas a la gratuidad, “para que busquemos las soluciones que resulten más convenientes, de cara a las urgencias y prioridades que tiene el gobierno; pero también atendiendo las necesidades de los estudiantes y sus familias, que por un diseño defectuoso de la ley, se ven expuestos a reproducir este endeudamiento de su futuro”.