Se trata de cifras estimativas que manejan las tres casas de estudios de la Región del Bío Bío. Los rectores hablan de la urgencia de realizar modificaciones a la actual Ley de Educación Superior, mientras el Gobierno mantiene su postura de no extender el beneficio.
3.610 estudiantes de la Región del Bío Bío perdieron la gratuidad este año por reprobar uno o más ramos y retrasarse en sus carreras. A nivel nacional, 27 mil estudiantes se encuentran en esta situación, 11 mil de los cuales podrían dejar las universidades del Cruch. Cifras que preocupan especialmente a las casas de estudio, que perderán con ello una significativa parte de sus ingresos de origen estatal, unos 24 mil millones de pesos. Además, los rectores han advertido que miles de alumnos que están sin gratuidad no alcanzaron a llenar el Fuas. De acuerdo al rector de la Ucsc, Christian Schmitz, “estamos frente a una noticia con un impacto socioeconómico para los estudiantes y miles de familias de la sociedad chilena, impacto que a nivel país aún no se dimensiona”.
Un problema que, al menos de momento, no tiene visos de solución, puesto que, tal como insistió la ministra Marcela Cubillos, el Gobierno dará prioridad a la educación parvularia, deslindando responsabilidades a la administración Bachelet por no haber anticipado en la ley este problema. Un portazo inicial que hoy mantiene en pie de guerra a los rectores del Cruch, que han advertido que usarán todas las instancias para revertir la postura del Ejecutivo. Y es que, según ellos, las universidades no tienen la capacidad económica para sustituir la gratuidad a través de becas. “No corresponde que instituciones educacionales tengan que hacerse cargo de un problema que sobrepasa nuestras capacidades y recursos”, advirtió el rector de la Ucsc.
Esta semana, en un programa de conversación en streaming de El Mostrador, el rector de la UdeC, Carlos Saavedra, también fue enfático en señalar que es una utopía que la mayoría de los estudiantes finalicen sus estudios durante la duración nominal de las carreras, como lo contempla la mal diseñada ley de educación superior. “Eso no se da en ningún país del mundo”, recalcó.
Estas diferencias que está tomando el Ejecutivo con los estudiantes de la educación superior ha generado airadas reacciones por parte de los rectores. Ennio Vivaldi, de la Universidad de Chile, consideró que “es rayar en la crueldad, en esa circunstancia, castigarlos diciendo ‘a partir de este momento, no tienen financiamiento”. Estas declaraciones generaron, nuevamente, la molestia de la autoridad de gobierno. A Marcela Cubillos respondió que era “una acusación muy fuerte calificar una ley diseñada y aprobada en el gobierno anterior como una ley cruel”.
Bajo este escenario, las universidades esperan que el Gobierno reconsidere su determinación.
El rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, en conversación con Diario Concepción, manifestó que “estamos a tiempo de generar una condición favorable de diálogo para la búsqueda de acuerdos. Desgraciadamente, ha habido actuaciones que no contribuyen a crear esa mejor condición, el hecho de haber ido al Tribunal Constitucional para dejar sin efecto una solución paliativa, pero que les permitía ganar tiempo con el desfinanciamiento que se les produce”.
Valle es claro en que este debate por la gratuidad no proviene por un capricho de los rectores, sino que es un problema social que no pertenece a uno u otro gobierno, sino al Estado.
“Estamos hablando de personas que han hecho un largo esfuerzo para llegar a la educación superior y a las que la sociedad chilena no les ha otorgado las mejores condiciones”, enfatizó.
“El hecho de haber ido al Tribunal Constitucional para dejar sin efecto una solución paliativa, pero que les permitía ganar tiempo”. Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso y Vicepresidente del Cruch.
Según cifras que maneja la propia casa de estudios, durante este 2019 suman 1.371 estudiantes los que habrían perdido la gratuidad por atrasarse en sus años formales de estudio.
Este hecho generaría una merma cercana a los $1.200 millones en las arcas del Campanil, lo que según el rector Carlos Saavedra, ya estaba considerado en los presupuestos realizados para el presente el año, por lo que no existen proyectos o hechos que se dejen de realizar y que terminen perjudicando a los propios estudiantes.
“Nosotros, de forma responsable, siempre supimos que en el desarrollo presupuestario debíamos considerar que esos ingresos no iban estar. No es que haya proyectos que se dejen de atender o desarrollar, sino que contar con estos fondos permiten crecer de mejor forma a la institución”, explicó.
Consultado sobre el apoyo que manifestó la gran mayoría de los parlamentarios de la zona, de oficialismo y oposición, de extender al menos en un año la gratuidad, los invitó a tomar un rol activo ante una situación que afecta en especial a una región universitaria como la que representan, y llevar la discusión al parlamento. “Pedimos que haya coherencia entre los proyectos de ley; ellos entienden que se debe discutir el financiamiento solidario y ahí tienen que concentrar sus esfuerzos. Nosotros hemos planteado que eso debe ser coherente con la actual Ley de Educación Superior y quizás eso podría motivar a las universidades a salirse del actual esquema de financiamiento”, apuntó Saavedra.
Durante la cuenta pública realizada este martes, el rector de la Universidad del Bío Bío, Mauricio Cataldo, hizo especial referencia a la situación de gratuidad en su casa de estudios.
De acuerdo a las cifras entregadas en la jornada, en la UBB son 797 estudiantes quienes perdieron la gratuidad este 2019 por exceder el plazo de estudio formal de sus respectivas carreras, lo que representa una merma cercana a los $876 millones.
De acuerdo al propio rector Mauricio Cataldo, la falta de estos dineros a ellos les deja un déficit por el sólo hecho de asumir el 50% del arancel de estos estudiantes, lo que se podría acrecentar con el correr de los años.
“Esto repercute en todo el quehacer académico. La prioridad la tiene lo que es la docencia de pregrado, tenemos que dar respuesta a todos los requerimientos. La falta de recursos va a empezar a repercutir en la extensión, la investigación y el desarrollo, que son cosas que las universidades también tienen que cumplir en su quehacer”, explicó.
Con respecto a la negativa de un tercio de los parlamentarios del Bío Bío sobre realizar modificaciones a la normativa que rige la gratuidad, Cataldo manifestó que “es preocupante esta situación, creo que como rectores vamos a tener que socializar más en el mundo político, para que entiendan que un país no puede vivir sin los profesionales que salen desde las universidades. Esto puede repercutir negativamente en el desarrollo de cada país y ciudad, más aún, en una como esta que es ligada al conocimiento. Por políticas de este tipo se perjudica a las universidades estatales, esto sin duda va a tener efectos negativos para el país”.
La Universidad Católica de la Santísima Concepción es otra de las casas de estudios, que tiene su sede central en la zona y que está viviendo problemas con este beneficio estatal.
Según cifras publicadas por La Tercera, son 939 estudiantes que perdieron la gratuidad, lo que significa para la Ucsc una merma de $831 millones, que incluyen la diferencia de arancel de los tres deciles más altos.
De acuerdo al rector Christian Schmitz, la falta de estos dineros impiden a la casa de estudios realizar proyectos como el edificio de Servicios Estudiantiles y el mejoramiento del Centro de Acompañamiento para el Estudiante. “Son proyectos claves que permiten beneficiar al estudiantado y que ahora tendremos que reitemizar algunas glosas del actual presupuesto para generar recursos, por lo que proyectos de menor envergadura podrían verse perjudicados”.
Schmitz consideró que este tema debe asumirse con responsabilidad ciudadana y social. “Nosotros como universidades y más aún los parlamentarios, nos debemos a la ciudadanía, por lo que no me parece que ésta sea la hora de mostrar insensibilidades sociales para los estudiantes más vulnerables, con carencias socioeconómicas. Ésta es la hora de dejar de lado las consideraciones políticas e ideológicas que llevaron en su minuto a la aprobación de la reforma a la Educación Superior y trabajemos en mejorar los defectos que tiene”, remató.