La máxima autoridad de la UdeC profundiza en el difícil momento que atraviesan los planteles con gratuidad. Solo en la UdeC, 1.371 jóvenes podrían perder el beneficio por su no extensión, generando a su vez una pérdida institucional de más de $1.200 millones.
Preocupación ronda entre las universidades del Consejo Rectores (Cruch) adscritas al mecanismo de financiamiento conocido como gratuidad, luego de que hace algunos días la ministra de Educación, Marcela Cubillos, reiterara públicamente que en el Ejecutivo no existe disposición de impulsar una eventual extensión del beneficio.
Ello, en desmedro de la solicitud de los rectores de las casas de estudio, quienes han pedido al Gobierno que tome cartas respecto a la dotación de recursos para los alumnos que, producto de atrasos en su cumplimiento curricular, egresen en un tiempo superior al que estipula el plan de estudios.
En efecto, la gratuidad contempla exención de pago a las familias y aporte a los planteles según la duración regular de cada carrera. En caso de que exista algún tipo de demora, indica la norma, las universidades deben hacerse cargo del 50% del costo arancelario, lo que compromete tanto a las instituciones como a los mismos estudiantes.
Pese a lo anterior, Cubillos ha insistido en que la prioridad de La Moneda será apoyar económicamente la educación parvularia, desestimando la posibilidad de ampliar la gratuidad. “Tenemos un desafío ético de invertir y focalizar los recursos en la primera infancia”, indicó la semana pasada la ministra, redundando en una supuesta incompatibilidad presupuestaria que, según el Cruch, no tiene asidero.
Así lo sostiene el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, quien replica asegurando que el Gobierno “no puede dar portazos” a la discusión ni menos circunscribirla a un ámbito competitivo entre parvularia y superior.
En diálogo con Diario Concepción, la máxima autoridad académica de la UdeC puntualiza que el caso del plantel penquista es ilustrativo de la incertidumbre que viven las universidades. Solo en esta casa de estudios, mil 371 estudiantes hoy estarían perdiendo el beneficio de gratuidad, generando a su vez un perjuicio económico a las arcas institucionales estimado en $ 1.211 millones para este año. El escenario, afirma Saavedra, es de suma urgencia.
– ¿Le parece injusta la línea argumental del Mineduc?
– No nos parece justo usar a los niños como escudo de una discusión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aquí está en juego una definición global. Sabemos que nuestro país debe generar oportunidades para el financiamiento de la educación primaria, pero eso no puede ir en desmedro de los compromisos que hemos adquirido con la formación universitaria. Aquí no se trata de discutir sobre la educación parvularia o superior, ambas son necesarias y no podemos usar una como escudo de la otra.
– Si el Gobierno mantiene su posición, ¿la búsqueda de la solución política pasará por el Congreso?
– Si una parte nos cierra la puerta, por cierto que nosotros abriremos todas las otras que estén disponibles para abordar los desafíos que tenemos en educación.
– Pareciera que desde el Ministerio hay una puerta cerrada frente a este tema.
– El Ejecutivo tiene un desafío de llevar adelante su proyecto de financiamiento solidario y, por tanto, no puede cerrar la puerta ni puede dar portazos. Dicho proyecto se tiene que discutir en el Congreso, entonces, el Ejecutivo tiene que entender que se produce una relación dinámica entre la ley que está vigente, la necesidad de su modificación y la nueva ley que propone como complemento. No es posible responsabilizar al gobierno anterior o a las autoridades universitarias de la época. Aquí está claro que el Cruch hizo todos los esfuerzos para que el financiamiento complementario se incorpore a la legislación.
– ¿Se analiza recurrir al Tribunal Constitucional?
– Hay que abrir todas las puertas que sean necesarias para dar con soluciones.
– Se habla de dos o tres semestres de extensión de gratuidad. ¿Por qué ampliación bregarán?
– Yo pienso que es razonable dos semestres. No existe país en el mundo donde los tiempos reales de titulación coincidan con los tiempos ideales de permanencia.
– ¿En qué medida esta situación compromete el proyecto institucional de las universidades?
– Tiene consecuencias inmediatas en cada una de las instituciones. Lo que nosotros pensamos, y lo he planteado en el Consejo Asesor y en el Cruch, es que nos parece inconsistente la postura gubernamental. Por un lado, tenemos la Ley de Educación Superior, que regula el valor máximo de los aranceles que financia el Estado. En el caso de aquellas que están en gratuidad, limitan el cobro a 1,2 veces los aranceles regulados. En el proyecto de Financiamiento Solidario del Gobierno, ese valor alcanza 1,5 veces. Segundo, la ley vigente limita la expansión de carreras y el número de cupos en una institución adscrita a gratuidad. El proyecto que plantea el Ejecutivo no pone límites al número de estudiantes, lo que produce una asimetría en el desarrollo a largo plazo de las instituciones. Hay que recordar que en las discusiones preliminares de la Ley de Educación Superior estaba la extensión a tres semestres. Y el proyecto de financiamiento solidario del Ejecutivo, actualmente, también incorpora el financiamiento a tres semestres. Esa yo diría que es la tercera asimetría relevante.
– ¿Cómo se interpreta entonces la postura del Gobierno?
– Hoy gratuidad corta el financiamiento al culminar el tiempo ideal de titulación y el proyecto del Ejecutivo permite hasta tres semestres más. Pareciese, en una primera lectura, que de alguna manera se incentiva a las instituciones a salirse de la gratuidad.
– ¿Y la UdeC ha pensado en salirse de la gratuidad?
– Bajo ninguna circunstancia, no está en nuestra política si quiera evaluarlo, porque entendemos que parte del compromiso de nuestra institución está con aquellos que formamos en este marco.