Tras cuestionamientos de constitucionalidad, La Moneda busca alinear posiciones para su aprobación en el Congreso.
Tras el comienzo de la discusión en torno al proyecto “Aula Segura” en la Comisión de Educación, el gobierno insistió en el llamado a su aprobación, pese a lo que ha calificado como una suerte de bloqueo de parte de la oposición.
El ministro de Interior, Andrés Chadwick, instó a los parlamentarios a que apoyen esta normativa, por cuanto está dirigida a sancionar a “verdaderos delincuentes que se encapuchan, se disfrazan, y a veces hasta se hacen pasar por estudiantes, y que desde los liceos ejercer una violencia extrema, con bombas molotov, artefactos incendiarios, causando daños a los liceos”.
“Necesitamos esa ley para ejercer un aspecto que es fundamental: disciplina y autoridad. Que los directores de los liceos, cuando ven que hay un estudiante que tiene en el liceo bombas molotov, tenga la mínima atribución de poder expulsar o suspenderlo de sus clases”, agregó.
De aprobarse el proyecto, el director de la escuela podrá expulsar al alumno agresor en el acto, lo que no implica vulnerar el debido proceso o la presunción de inocencia, según afirmaron desde el Mineduc.
Frente al proyecto, el seremi de Educación del Bío Bío, Fernando Peña, comentó que se ha dicho que es centralista ya que solo responde a la contingencia que viven los liceos emblemáticos en Santiago. “Sin embargo, es necesario recordar que, en la Región del Bío Bío, a la fecha, ya hay registradas 25 denuncias en la Superintendencia de Educación por agresiones a profesores”.
“De ellas 16 son por maltrato de alumnos hacia docentes y/o asistentes de la educación, y 9 de maltrato de apoderados hacia docentes y/o asistentes de la educación (sin considerar las denuncias que se realizan directamente en el ministerio público)”, precisó la autoridad local.
El senador e integrante de la Comisión de Educación, Juan Ignacio Latorre (RD), opinó que existen dos interrogantes del proyecto que le preocupan.
“Uno, si acelerar la expulsión de estudiantes involucrados en incidentes graves o derechamente delitos va a ser arbitrario de parte de la dirección; y dos, si se vulnera o no el derecho a la educación, porque tú puedes expulsar a un estudiante de un establecimiento, pero tiene que buscar alternativas y el sistema tiene que entregarle alguna alternativa de educación”, dijo.
Latorre a su vez exigió que los municipios se hagan cargo de las situaciones, interpelando directamente a las jefaturas comunales.
“Yo les preguntaría a los alcaldes, que todavía tienen la educación en sus manos, cuánto esfuerzo hacen por planes integrales de prevención de la violencia”.