Pese a las dificultades, autoridades y políticos confirmaron su asistencia a la misa en la Catedral penquista. Hicieron un llamado a que se aclaren los hechos y a que haya justicia, pero también a no responsabilizar a todos por los actos de unos pocos.
Si el año pasado el mensaje de la Iglesia Católica estuvo relacionado con el respeto a la vida del que está por nacer y mantener la tolerancia, este año el foco será otro. 365 días han pasado desde esa prédica y mucha agua ha pasado debajo del puente; la visita del Papa Francisco, que fue empañada por la polémica que suscitó la presencia del cuestionado obispo emérito de Osorno, Juan Barros, acusado de encubrir y proteger al párroco de El Bosque, Fernando Karadima. “El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia, ¿está claro?”, expresó el Papa el 18 de enero, previo a la misa en la playa Lobito de Iquique, una de las actividades menos multitudinarias de su visita.
Declaraciones del Pontífice que trajeron consecuencias: la llegada de una comisión especial para conocer el estado de los casos, las congregaciones involucradas y en qué estado judicial se encuentran. Sorpresa grande se llevó Charles Scicluna y el Papa Francisco: casos ocultos por el clero y denuncias que quedaron en nada. Una política del silencio que resultó hasta esta visita, que fue el momento en que las cosas empezaron a cambiar. Hasta ahora, cinco obispos han dejado sus puestos, todos salpicados de algún modo por estos episodios.
Y Concepción no ha estado al margen de este mar convulso.
Tras la carta enviada por el Papa Francisco y la reunión que tuvieron con él en Roma, el nombre de Fernando Chomali Garib comenzó a circular como posible sucesor del cuestionado Ricardo Ezzati. Tenía respaldo en la capital, cercanía con diversos mundos y los casos de abusos no lo habían salpicado. Sin embargo, el 14 de julio le correspondió hacer frente a una polémica local, cuando un medio de comunicación digital publicó una carta donde se relataba el supuesto abuso sexual del sacerdote Hernán Enríquez, que habría cometido contra un adolescente del seminario menor en el año 2003. Dicha denuncia ya había sido presentada por la familia en 2009, bajo la administración del entonces arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, pero quedó en nada. El caso también pasó a la justicia ordinaria, pero la negativa del joven afectado a declarar impidió avanzar en la investigación. Los días posteriores también se anunciaron denuncias por abuso en contra del párroco Hualqui, Reinaldo Méndez.
En medio de la polémica, el arzobispo Chomali instó a los denunciantes a recurrir a la justicia ordinaria, y de oficio ordenó que se reabriera la investigación eclesiástica. En el intertanto, desde la Universidad Católica de la Santísima Concepción se decidió suspender a Enríquez de su actividad docente. Por esos días, al ser consultado por la prensa, Chomali expresó que no había recibido información del cardenal Ezzati sobre abusos en su diócesis. Este último, por su parte, explicó que no le correspondía a él reportarlo, pues tras ser nombrado arzobispo de Santiago, entregó la arquidiócesis a un administrador apostólico, y fue éste quien se la entregó a Chomali a su arribo. En entrevista con La Tercera, el propio Ezzati dio por superado el impasse: “Monseñor Chomali tuvo la delicadeza de comunicarse conmigo para disculparse por su respuesta a la prensa cuando dijo ‘no recordar’. Lo he comprendido, pero efectivamente no me tocó hacerle entrega de la arquidiócesis”.
El último capítulo comunicacionalmente incómodo para la iglesia tuvo lugar el jueves pasado, cuando el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, encabezó un allanamiento en el Arzobispado penquista, destinado a pesquisar antecedentes de posibles encubrimientos a denuncias de abusos de religiosos, que se hubieran perpetrado bajo la administración Ezzati.
A nivel político, todos concuerdan en que el actual arzobispo de Concepción, Fernando Chomali, no tiene por qué verse afectado por las denuncias contra religiosos, puesto que él es una persona de la institución y no toda la institución.
Y las muestras de ese apoyo se visibilizarán hoy. Primero, el intendente Jorge Ulloa confirmó su asistencia al Te Deum local. “La iglesia no llega cuestionada, sino que son personas. La iglesia somos todos y es lamentable que esto ocurra. La justicia tiene que imperar”, dijo la primera autoridad regional.
Postura similar es la de la presidenta del Consejo Regional, Flor Weisse, quien también confirmó su asistencia a la misa. “Estos son hechos que todos detestamos, y sea la institución que sea hay que repudiarlos. Ahora, nosotros tenemos estar en estos momentos duros para fortalecer la iglesia”, enfatizó.
El diputado Gastón Saavedra, quien también asistirá, manifestó que “es una situación compleja, por lo que se tiene que transparentar todo, la justicia tiene que actuar en todo ámbito. El mensaje de hoy debe ir por el perdón a las víctimas”.