En tanto, el seremi de Educación de la administración anterior, Sergio Camus, desestimó la existencia de gastos desproporcionados. En efecto, se mostró preocupado por posibles mermas en implementación de reformas.
Los recortes a Educación que instruyó la Dirección de Presupuesto (Dipres) no afectarán los programas sociales de la Junji y Junaeb. Así lo señaló el seremi de Educación del Bío Bío, Fernando Peña, quien salió al paso de las críticas y especulaciones a raíz de los ajustes de fondos que se propusieron a los ministerios en el marco del plan de austeridad de Piñera.
Cabe recordar que, según consignó Diario Concepción este domingo, un decreto emanado del Ministerio de Hacienda y visado por Contraloría modifica el presupuesto vigente para el sector público en alrededor de 12 mil millones de dólares. Entre las reparticiones afectadas por esta reducción, se encuentran, por ejemplo, Contraloría, Tribunales y el Ministerio Público.
En cuanto a Educación, se establecieron disminuciones contables en la Subsecretaría de Educación, Superintendencia de Educación, Agencia de Calidad de la Educación, Subsecretaría de Educación Parvularia, Conicyt, Consejo Nacional de Educación, Dirección de Educación pública y los servicios locales de Barrancas y Puerto Cordillera.
A su vez, se anunciaron, por esta vía y a nivel nacional, recortes en Junji por 5 mil 650 millones y Junaeb por 5 mil 700 millones, lo que encendió las alarmas en sectores de la oposición y al interior de las reparticiones.
Frente a tal evento, el seremi Peña pidió tranquilidad, puesto que “el presupuesto que actualmente se está ejecutando está aprobado en la ley de presupuesto del año pasado, por tanto, todo lo que se haga en materia de programas durante 2018 es parte de un presupuesto aprobado previamente”.
En cuanto a las rebajas, el titular de Educación en la zona subrayó que “son básicamente gastos que tienen que ver con hacer más eficiente el uso de recursos públicos en materia operativa y administrativa. Por tanto, cualquier tipo de ajuste no va a implicar una merma ni una reducción del gasto social comprometido en becas o servicios entregados a través del Ministerio y sus servicios relacionados, como la Agencia de Calidad, la Superintendencia, Junji y Junaeb”.
En ese sentido, el seremi apuntó que las medidas de la Dipres “están en sintonía con el instructivo de austeridad enviado por el Presidente de la República los primeros días de su gobierno (…) para cubrir el déficit estructural que dejó el gobierno anterior de más de 5 mil millones de dólares”.
Consultado por el detalle de las acciones que perderán financiamiento, Peña indicó que “en el Ministerio se han empezado a hacer ajustes de gastos como viáticos, gastos administrativos, arriendo de espacios fuera de la Secreduc para eventos, uso de teléfonos, entre otras”.
“Hubo, sin duda, gastos que no fueron planificados y considerados, y que se realizaron fuera de la norma fiscal y eso es lo que generó en las arcas fiscales este déficit”, sentenció Peña.
Desde la administración Bachelet, en tanto, cuestionaron tales aseveraciones. El ex seremi de Educación del Bío Bío, Sergio Camus, sostuvo que es “absolutamente falso que hayan existido gastos desproporcionados o fuera de lo presupuestado en los sectores de educación”.
“Eso no es así. No hay costos asociados, por lo menos en la Seremi del Bío Bío, de arriendos normales a los que operen en la institución. Tampoco ha habido exceso de viáticos ni ningún otro ítem asignado a lo que significa el despliegue territorial de los funcionarios del ministerio”, estimó.
“Los dineros cubrían apretadamente la agenda normal y rutinaria del ministerio para cumplir las funciones que se le asignan y también contemplaban los recursos necesarios para las acciones que la reforma educacional implicó”, agregó Camus, quien dijo estar inquieto por el destino de las diferentes implementaciones que se vienen en el contexto de estos recortes.
“Una de las preocupaciones que mantengo, es que producto de esta baja de recursos puedan quedar en entredicho las tareas del sistema de admisión escolar, la implementación del Servicio Local de Andalién Sur, la implementación del CFT de Tirúa. Son materias en las que no he visto preocupación de las autoridades ministeriales. Al contrario, con el despido de funcionarios veo una desarticulación”, cerró Camus.