Política

Las dudas que deja la declaración al Servel de los candidatos a diputado en la Región del Bío Bío

Por: Marcelo Castro 10 de Febrero 2018
Fotografía: Agencia UNO

Entre los ítems que se repiten en los candidatos se encuentran el pago de peajes y combustibles, además de frases radiales en distintos medios de la Región.

El pasado 2 de febrero, el Servicio Electoral liberó las rendiciones de cuentas que realizaron los postulantes a algún cargo público en las pasadas elecciones del 19 de noviembre.

Diario Concepción analizó la rendición entregada por algunos de los casi 100 postulantes que tuvo la Región del Bío Bío a la Cámara de Diputados y los mayores gastos estuvieron concentrados en los pagos de peajes, combustibles, voluntarios y frases radiales.

Por ejemplo, el postulante por el distrito 19, Carlos Abel Jarpa, invirtió cerca de 4 millones de pesos en frases radiales y su respectiva puesta en antena. En tanto, el postulante por el PS, Jaime Tohá utilizó cerca de $30 millones en frases radiales en 4 estaciones de la zona, a lo que se suma un aporte por $135 mil a la candidata a core, Biarle Ávila. Mientras que el propio Tohá avaluó en $1,2 millones el aporte de dos vehículos de su propiedad que fueron utilizados durante la campaña.

Frank Sauerbaum, del distrito 19, avaluó en casi 15 millones de pesos los aportes en especies que fueron facilitados desde Renovación Nacional a su postulación. A la vez que destacó como una donación, cerca de 14 millones de pesos relacionados a espacios cedidos para publicidad.

Claudio Eguiluz, quien postuló al distrito 20, y que finalmente fue derrotado, declaró al Servel haber utilizado $39.326.369 en su campaña, la mayoría fue destinado a frases radiales, cerca de $15 millones. Además se incluyen $244 mil que sirvieron para hacer publicidad de la postulación a través de Facebook. Al ser consultado sobre esto, Eguiluz respondió que “no recuerdo, no sé, la verdad no me acuerdo cuánto es”.

Shows masivos

Las candidaturas también optaron por show masivos, especialmente para los cierres de campañas.

Uno de los que realizó este tipo de actos fue el postulante por el distrito 20, Gastón Saavedra, quien requirió de los servicios de Leo Rey, el ex vocalista del grupo musical “La Noche”, a quien se le pagó $3 millones. Saavedra al ser consultado por esto, manifestó que “esto es habitual, o cree que los artistas lo hacen gratis, este es uno de los baratos de la plaza. Será el más, pero es el mejor también”.

Otro que recurrió a los famosos, fue el derrotado Cristián Campos, quien contrató al ex bailarín de Axé y modelo, Thiago Cunha, por un costo de $650 mil, cuyo servicio fue de “animación evento de difusión campaña parlamentaria”.

Sobre esto, el abogado y director de Corbiobío, Andrés Cruz, manifestó que “hay que tener en consideración que este tipo de acciones estaban destinadas a la propaganda electoral. Recordemos que en el pasado, candidatos rindieron ropa interior tratando de justificar gastos que le permitieran tener devoluciones mayores. El Servel deberá tomar una determinación sobre estos gastos, lo que servirá como criterio para futuras elecciones”.

Pagos a funcionarios públicos

Una situación que llama la atención al revisar la rendición de gastos de los candidatos, es la aparición de funcionarios públicos que prestaron servicios a campañas parlamentarias.

Un ejemplo de esto es el pago que realizó Gastón Saavedra por $2,08 millones al periodista Hardy Durán, quien se desempeña como encargado de gestión y resolución de conflictos de la Gobernación de Concepción, donde mantiene funciones a contrata por 44 horas.

Saavedra respondió a Diario Concepción que “él puede trabajar en horas libres y este servicio fue realizado fuera del horario de trabajo. Esto no es reprochable, porque no dejo de lado sus funciones en la Gobernación. El manifestó una postura por nuestra candidatura y él es un ciudadano, por lo que no ha perdido sus derechos, en ninguna parte la constitución lo prohibe”.

En tanto, el abogado Andrés Cruz consideró que estas situaciones son “cuestionables, se debe evitar esta dualidad, tomando en consideración la naturaleza de los contratos en los que participa, ya que existe un servicio paralelo y deberá quedar bien claro en los horarios que esta persona desempeñó sus funciones. Esto es un claro caso de operador político, ya que se está favoreciendo a un candidato desde el aparato estatal”.

Esposa como administradora

Otra de las situaciones que llama la atención es la participación en la campaña a diputado de Cristian Campos, Karen Cortés, quien prestó servicios por $1.750.000 para desempeñar el cargo de administradora electoral de la postulación del militante de PPD.

La situación genera dudas, puesto que Cortes y Campos están siendo investigados por emisión de boletas ideológicamente falsas por el financiamiento irregular de la política.

También puede generar suspicacias que el propio Cristian Campos figura como arrendando una vivienda que fue utilizada como sede de campaña por $120 mil.

Según el ex fiscal Andrés Cruz, está situación raya en lo “peligroso, hay que tener cuidado con este tipo de funciones. Nada impide que un familiar trabaje en una candidatura, ni que le pague. El problema es el declarar esto como gasto con el fin de obtener una devolución, puesto que el Estado se involucra en dádivas que pueden prestarse para cuestionamiento, puesto que puede ser considerado como una forma de aumentar el ingreso familiar”.

Tanto por esta situación, como la de los funcionarios públicos, Cruz adelantó que ambos podrían ser cuestionados por el Servel.

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