El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (Crap), ente destinado a fijar los criterios de uso de los fondos que senadores y diputados reciben del Estado para su trabajo legislativo, desde hace algunas semanas posee una carta enviada por el Comité de Auditoría Parlamentaria, en cuyo contenido describe situaciones catalogadas como poco prudentes.
Según el escrito enviado al presidente del Crap, Sergio Páez (consejo que renueva en marzo a sus integrantes), en cuyo contenido no se detallan los nombres ni la cantidad de parlamentarios fiscalizados, el comité se encontraba haciendo una auditoría a la asignación Gastos Operacionales, prevista en el plan anual 2017. Y con el fin de esclarecer si algunas situaciones detectadas en la revisión se encuentran conforme a la normativa vigente, los auditores -constituidos en un comité compuesto por cinco fiscalizadores que operan permanentemente en el Congreso– solicitaron un pronunciamiento de parte del órgano resolutivo.
Entre los puntos se advierte que en las rendiciones de gastos de alimentación -las que son reembolsadas por el Congreso a los parlamentarios- se requiere precisar los alcances del concepto. “Se ha detectado la inclusión de consumo de alcohol en las rendiciones. En concepto del comité, el alcohol no puede considerarse alimento, al no constar de nutrientes para el organismo”, se lee en la carta. “Se requiere una interpretación vinculante de parte del consejo”, dice.
Respecto de esta misma asignación, el Comité de Auditoría, además, espera que el Consejo regule los reembolsos de propina, “dado que suele incluirse en las rendiciones” -se señala en la carta-, esperando que se establezca, además, un monto máximo, citando el 10% consagrado como sugerencia a los consumidores en la ley.
Más adelante, la misiva expone lo siguiente: “El comité estima conveniente poner en conocimiento del Consejo Resolutivo que en la auditoría se han advertido gastos que no parecen enmarcarse en los criterios de prudencia y austeridad que deben orientar el uso de asignaciones”. Esto, en virtud de oficios emanados desde el propio Crap, en los que se explicita -se recalca en la carta- utilizar los fondos públicos en forma “racional y razonable, sin incurrir en gastos excesivos o innecesarios”.
En el detalle, los consejeros recibieron la descripción de las siguientes situaciones: “Tal es el caso de comprobantes de taxi por valores superiores a $ 100 mil, sin mayor especificación de los tramos recorridos. También la utilización del mismo medio de transporte para desplazarse entre Santiago y Valparaíso”.
Al respecto, según parlamentarios sorteados en la auditoría, los fiscalizadores detectaron estos traslados en la Cámara de Diputados. Así, al ser consultado, el diputado UDI Enrique van Rysselberghe confirma a La Tercera que en sus rendiciones se detectó el uso de taxi desde el aeropuerto de Santiago hasta el Congreso. El parlamentario explicó que en algunas ocasiones ha hecho uso de ese medio. “Es cuando tengo premura en el traslado. Está la opción de arrendar un auto. Sin embargo, yo, por ejemplo, voy a un ministerio y no me ubico bien en Santiago (…). Hay otras opciones, y en su minuto el consejo dirá. Pero hoy está la libertad de poder tomarlo. Y cuando tomo un taxi, tengo una persona que me maneja. Entonces, yo puedo ir trabajando”, dijo.
El legislador, además, hizo el alcance de que él no tiene vehículo en Santiago ni en Valparaíso, sólo en Concepción (lugar que representa), por lo que no gasta en estacionamiento en el aeropuerto, en combustible ni en un chofer.
En la carta, los auditores hicieron ver a los consejeros otra situación detectada en la revisión, pero vinculada al alojamiento. “Para el caso de alojamiento se comprobaron pagos por montos superiores a $ 1 millón, sin información relativa al usuario o detalle del servicio”, dice.
Del mismo modo, para el ítem combustible el comité también pide al Crap profundizar en la regularización. Esto, porque, según se explica en la carta, “tratándose de combustible, la rendición de montos superiores a $ 3 millones en el mes implicaría un kilometraje recorrido difícilmente posible de materializar”.
Sin embargo, la auditoría realizada -que comprendió gastos entre enero y mayo de 2017- no planteó reparos a los distintos parlamentarios que incurrieron en estos gastos. “Estos no han sido sujetos a objeción, al carecer el comité de parámetros objetivos que permitan fundar suficientemente un eventual cuestionamiento”, dice el escrito.
Según fuentes del Congreso, en la auditoría el comité analizó también una rendición de la diputada Camila Vallejo por un gasto en Homecenter relacionado con la remodelación de una oficina parlamentaria. En ésta se constató que la legisladora adquirió un taladro a un precio cercano a los $ 200 mil.
Pese a que en su entorno explican que no fue comprado en 2017, según conocedores de la compra, la herramienta fue rendida a inicios de ese año. Este gasto tampoco fue objeto de reparo por parte de los auditores.
La Tercera intentó acceder al registro de la nómina de parlamentarios auditados, pero se señaló en el Congreso que ésta aún no es pública.