Por: Manuel Alberto Torres Carrasco
Abogado y director de LALEY.PE
Las últimas fiestas de fin de año han sido distintas para los peruanos. El indulto concedido a escasas horas de la Navidad a Alberto Fujimori, hasta hace poco preso por graves delitos contra los derechos humanos, y la llegada a su domicilio el 4 de enero, han dominado las imágenes televisivas y las portadas de los diarios. Pero todo hace indicar que la historia no terminará así.
Y es que el indulto a Fujimori tiene dos lecturas: una política y otra jurídica. En el ámbito político, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ha jugado una carta importante pero a la vez riesgosa. Concedió la libertad a Fujimori con el propósito de apaciguar a la bancada mayoritaria del Congreso (71 de los 130 parlamentarios peruanos son fujimoristas). Y, de paso, ha vuelto a colocar en el escenario político peruano al líder histórico del fujimorismo, haciendo un jaque a quien era la lideresa indiscutida de aquella agrupación mientras él estaba en prisión, su hija Keiko Fujimori, dos veces fallida candidata presidencial.
En este juego de ajedrez, PPK ha perdido algunas de sus fichas: sus aliados explícitos e implícitos de la izquierda moderada se han sentido traicionados por el indulto a Fujimori, y aunque no representan muchos votos en el Parlamento (10 congresistas), contribuyeron a que PPK no resultara vacado semanas atrás. La apuesta de PPK es clara: bajar la intensidad del ruido político para que el país tenga un mejor escenario de gobernabilidad. Pero la jugada, como decimos, es riesgosa: un nuevo enfrentamiento entre fujimoristas y PPK podría dejarlo huérfano de apoyos y ahora con una bancada parlamentaria más pequeña (luego del indulto, sus congresistas disminuyeron de 20 a 17) poco podría hacer para defenderse en el Parlamento ante otra arremetida del fujimorismo.
Pero el juego político puede ser seriamente impactado por el jurídico. PPK concedió realmente dos beneficios a Fujimori: el indulto y la gracia presidencial humanitarias y, en ambos casos, existen serios problemas jurídicos que podrían terminar con Fujimori nuevamente preso.
Veamos: por el indulto, a Fujimori se le perdonó, entre otras cosas, su condena por la autoría mediata en las matanzas de decenas de civiles en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, calificados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como delitos de lesa humanidad. Pues bien, el problema es que, a instancias de la Comisión Interamericana (que ya ha expresado su rechazo al indulto), la CorteIDH ha convocado para el 2 de febrero a una audiencia de supervisión de cumplimiento de sus sentencias, que se centrará en determinar si el Estado peruano puede probar que el indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori no infringe lo dispuesto por la Corte. Tarea difícil. Si bien es cierto que hasta el momento la CorteIDH solo ha declarado inadmisibles las medidas gubernativas que impiden la investigación y sanción de quienes cometan graves violaciones a los derechos humanos, podría en este caso declarar que el indulto impide el cumplimiento de la sanción en los términos fijados por los tribunales peruanos (25 años de prisión).
Y, en el caso del derecho de gracia, por el cual se extrae a Fujimori de cualquier proceso penal en su contra, el panorama tampoco es feliz para el ex mandatario. De acuerdo a la Constitución peruana (art. 118.21), para aplicar el derecho de gracia presidencial tiene que haber transcurrido al menos el doble del plazo de la instrucción más su ampliación, esto es, 24 meses en los casos complejos. El problema para la defensa de Fujimori es que la instrucción en el caso Pativilca (masacre de seis personas cometidas durante su gobierno) se inició hace menos de un año, debido a que la Corte Suprema de Chile extendió la extradición de Fujimori para este caso en febrero de 2017, momento en el cual recién los tribunales peruanos estaban habilitados para procesar a Fujimori por este caso. En este escenario, el juez penal del caso Pativilca (el Colegiado B de la Sala Penal Nacional) podría declarar inaplicable el derecho de gracia para Fujimori e incluso dictar prisión preventiva. Por todas estas razones, el indulto a Fujimori es un tema que aún dista de tener un final. En los próximos días, una decisión judicial (interna o supranacional) podría cambiar las cosas, con un impacto político muy distinto al que buscaba PPK cuando concedió la libertad a Fujimori.