Contra el tiempo, la Comisión Unida de Educación y Hacienda del Senado discutió ayer el nuevo marco legal de las universidades del Estado, mientras corre el reloj del Congreso para el despacho total de la Reforma Educacional.
El 20 de enero es la fecha tope que la Comisión de Educación del Senado se propuso para cerrar el proceso de revisión de indicaciones en el marco de la reforma a la educación superior.
Tras ello, se espera que el proyecto migre hacia la discusión en sala, tras lo cual recalará en la Cámara de Diputados, en su tercer y último trámite en el Congreso.
En vista de la premura, las voces críticas no se hicieron esperar, considerando el carácter emblemático que el Gobierno le ha otorgado a la iniciativa y el alto rechazo que genera la misma dentro de la oposición.
En esa línea, contra cualquier eventualidad de atraso, desde el Ejecutivo se instruyó que la reforma en ningún caso exceda el cierre del año legislativo -31 de enero-, obligando a la revisión de más de 700 indicaciones en poco más de dos semanas. Muy lejos de las calendarizaciones estipuladas como ideales en ambos bloques y la transversalidad que se planteó en un inicio.
Trabajo viernes y sábado
El senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Educación, Ignacio Walker, sostuvo que “si es necesario trabajar viernes y sábado, habrá que trabajar viernes y sábado (…). Si hay que trabajar 10 horas un viernes o sábado, así lo haremos. Así lo hicimos con la Ley de Inclusión, en enero de 2015, por lo tanto, hay que arremangarse, hacer bien la pega y tratar de que este barco pueda arribar a buen puerto”.
Sus palabras fueron refrendadas por la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien añadió que “estamos con un plan de trabajo y una fórmula que sí nos permite sacar los proyectos, trabajando incluso viernes, como ha dicho el senador Walker, y si es necesario viernes y sábado”.
Opinión distinta fue la de la senadora de la UDI y también integrante de la Comisión de Educación, Ena von Baer, quien recalcó que “es una irresponsabilidad de parte del Ejecutivo y de parte de los senadores de la Nueva Mayoría querer tramitar así un proyecto tan extenso, complejo y que tiene un efecto tan fuerte en las instituciones de educación superior”.
“Los rectores hicieron muchas críticas al proyecto, y para hacernos cargo de ellas tenemos que legislar con calma, pero eso va a ser imposible si se tramita de la forma que el Ejecutivo está planteando”, sumó Von Baer, quien se lamentó por la minoría de Chile Vamos al interior de la comisión.
Las indicaciones
En materia de financiamiento, el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, propuso la generación de una política pública para lograr la condonación del CAE, gestión que sería antecesora de la entrada en operación de un nuevo crédito manejado por el Estado.
En otra indicación, en lo relativo a la PSU, el mismo senador esbozó que en un plazo de cinco años se termine con el mecanismo de ingreso, mientras que desde el Ejecutivo se enarbola la posibilidad de crear un nuevo sistema de acceso, a cargo de la Subsecretaría de Educación y que homologue a universidades, IP y CFT.