Ambos países se han negado a cumplir compromisos que adquirieron de manera voluntaria, lo que da espacio para que organismos como la OEA y la Unión Europea actúen avalados por el derecho internacional.
Por: Constanza Fernández Danceanu
Abogada y analista internacional
Suelo escuchar cuestionamientos a la importancia del derecho internacional, con argumentos como la preponderancia de la soberanía nacional, la obligación de no intervención en los asuntos internos de los Estados, o el derecho que los países tienen para determinar libremente su condición política y procurar su desarrollo económico, social y cultural.
Lo irónico es que dichos principios –entre otros– son justamente la base del derecho internacional. Las ‘intervenciones’ de organismos internacionales suceden cuando un Estado se niega a cumplir compromisos que voluntariamente adquirió. Hoy eso tiene en una situación complicada tanto a Venezuela como a Polonia frente a los organismos regionales de los que son parte.
“Deterioro calamitoso”
En su tercer informe sobre la situación de Venezuela, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha señalado que el “deterioro calamitoso” que ha sufrido el país exige atención de máxima urgencia, ya que “esto no es un conflicto de ideologías.
No es una cuestión de izquierda o derecha, ni del Gobierno contra la oposición. Se trata de la voluntad democrática del pueblo”. Estas declaraciones se enmarcan en el plebiscito realizado el pasado domingo por la Asamblea Nacional de Venezuela (el órgano unicameral que ejerce el Poder Legislativo en el país), actualmente compuesta por una amplia mayoría opositora al régimen de Nicolás Maduro.
El órgano realizó una consulta popular para validar el desconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente que intenta instalar Maduro, la que es calificada como un fraude con el que este busca aferrarse al poder, y llamando a defender la Constitución de 1999. Sin perjuicio de que este plebiscito no es legalmente vinculante, el rechazo a la medida de Maduro alcanzó un 98.4%.
Las medidas impulsadas por la oposición continuaron con un llamado a paro nacional por 24 horas, al que –según cifras de la misma oposición– se unió el 90% del sector transporte, el 80% de los comercios y el 75% del sector industrial privado. El gobierno, por su parte, señaló que la huelga fue un total fracaso.
Esta terminó con 4 muertos y más de 260 detenidos. Asimismo, la Asamblea ha decidido elegir a 33 magistrados que compongan un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, ya que el nombrado por Maduro ha anulado todas las decisiones de la Cámara desde que la oposición logró la mayoría en esta en las elecciones de diciembre de 2015. El Tribunal Supremo de Maduro amenazó con cárcel a estos ‘magistrados paralelos’ por usurpación de funciones.
Claro mensaje
En el plano internacional, Venezuela esquivó una resolución contra su gobierno por parte de la OEA en la sesión especial del Consejo Permanente realizada el pasado junio, ya que la propuesta no consiguió los 23 votos que requería, obteniendo solo 20, pero de países miembros que representan el 93% de la población y el 98% del PIB del bloque. Aunque no se alcanzó el quórum necesario, el mensaje del organismo es claro.
Sin perjuicio de ello, Venezuela podría ser el primer país en sufrir la aplicación de la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia, firmado por los países del Mercosur. Esto significa que si Maduro no detiene su intención de constituir una Asamblea Nacional Constituyente y no da señales de diálogo con la oposición, Venezuela podría ser expulsada del bloque, y podría también ser objeto de sanciones comerciales.
Su situación interna también la ha dejado fuera de las negociaciones que el Mercosur está desarrollando con la Unión Europea para firmar el primer Acuerdo de Libre Comercio que suscribiría el bloque. Actualmente la UE es el principal socio comercial de Mercosur, con un 21% de sus intercambios con el exterior, lo que significó 46.000 millones de euros en 2015. Un tratado formal solo podría multiplicar estas cifras. La pérdida para Venezuela será millonaria.
Separación de poderes
Al otro lado del mundo también un organismo internacional tiene en la mira a uno de sus miembros por violaciones a sus principios. Es el caso de Polonia, Estado que, desde la llegada al gobierno en noviembre de 2015 del partido conservador Ley y Justicia, ha realizado diversas reformas que atentan contra los valores fundamentales de la Unión Europea.
Ya el año pasado la UE discutió sobre reformas en Polonia al sistema de elección de los jueces del Tribunal Constitucional y a la Ley de Medios, la que menoscababa la independencia de la radio y la televisión públicas. Pero la crisis está tocando fondo con la recientemente aprobada reforma al sistema judicial, la que amplía el poder de control del Ejecutivo, pudiendo este nombrar a 15 de los 25 miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial, lo que hace cuestionar la efectiva separación de poderes en el país.
Frans Timmermans, el vicepresidente de la Comisión Europea, se ha comprometido a hacer todo lo posible para que Polonia respete el imperio de la ley, la democracia, la libertad de prensa, la economía de mercado y la igualdad de oportunidades. Señaló que “no estamos hablando de detalles, sino del incumplimiento de uno de los pilares de la UE”.
El mecanismo para hacer efectivo este compromiso es la activación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, el que tiene por objeto garantizar que todos los países de la Unión respeten los valores comunes de esta. El mecanismo puede activarse en caso de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro o si existe un riesgo claro de violación de los valores de la organización. Si se activara, Polonia podría perder su derecho a voto en el Consejo Europeo.
Esta sería la primera vez que se activa dicho artículo, mismo escenario en que se encuentra Venezuela respecto a la activación de la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia. Creamos o no en el poder efectivo de las organizaciones internacionales, es un hecho que hoy sí importan y son un factor decisivo en la política interna de los países.