Los concejales de la comuna de Hualpén hicieron la presentación por los constantes problemas con la líder comunal. Descartaron querer cogobernar y exigen una vuelta de mano.
Catorce son los hechos por los que los ocho concejales de Hualpén piden la destitución de la alcaldesa Katherine Torres por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa.
De acuerdo al escrito presentado en las oficinas del Tribunal Electoral Regional del Bío Bío, existen diversas situaciones durante estos meses de gestión que tienen por las cuerdas a la actual administración.
Según el concejal Miguel Aravena, existen diversas causales “para acusarla por notable abandono de deberes, detrimento del patrimonio municipal, incapacidad para gobernar y faltas a la probidad administrativas. Nosotros tenemos la función de fiscalizar, pero hoy en día, no se puede hacer. Llevamos cuatro meses trabajando esto y la comuna no puede esperar que lleguemos a la quiebra”.
Para el edil, es un hecho inédito que todo un concejo se encuentre en contra de una autoridad comunal, porque en este caso “el remedio fue peor que la enfermedad”.
Mientras que la abogada que representa a los ediles, Geraldine Cid, explicó la tónica de la acusación. “Son catorce cargos en contra de la alcaldesa, cada uno de ellos representa el notable abandono de deberes y faltas a la probidad por parte de la edil. Creemos que la municipalidad ha sufrido un detrimento por culpa de la alcaldesa”.
A lo anterior, la jurista agregó que el detrimento va en el despido de 150 funcionarios, quienes han hecho demandas laborales en contra de la autoridad. “Hay condenas en contra de la alcaldesa en este sentido, las demandas superan los 700 millones de pesos y no cumple los dictámenes de Contraloría”, agregó.
Canales pornográficos
La polémica de los canales pornográficos surgió en febrero de este año, semanas después de asumir en la municipalidad. De acuerdo a la edil, se pagaron cerca de $70 mil en servicio de cable que incluía las señales de contenido para adultos, Playboy, Venus, entre otros, los que habrían sido contratados durante el mes de noviembre de 2016.
Tras un sumario que se extendió por dos meses, la resolución fue clara, nunca existieron dichos contratos, menos los canales.
Este hecho para el concejal Miguel Aravena, es parte de toda la polémica que existe en la comuna. “Fuimos conocidos en todo el país por los canales pornográficos, una acusación falsa, que nunca se llegó a comprobar. Ahora, tenemos que soportar las demandas millonarias de los trabajadores desvinculados”.
Visión similar tiene la edil de Renovación Nacional, Erika Beltrán, quien cree que “lamentablemente, la alcaldesa siempre ha faltado a la verdad y lo sigue haciendo. Nosotros no queremos coartar su trabajo, la hemos apoyado en las mejoras para la comuna, es ella y su tozudez lo que nos lleva a esta situación. Nosotros no queremos perjudicarla. Ella tiene que dar un paso al costado por el bien de la comuna”.
Según la representante legal de los concejales, Geraldine Cid, “la denuncia falsa de los canales pornográficos, en donde no hubo fundamento, provocó perjuicios a los funcionarios y a la propia municipalidad. Esto debería demorar entre tres y cuatro meses. Nosotros entregaremos todas las pruebas necesarias por los cargos. Hacer una denuncia falsa sin fundamento, es una falta grave a la probidad”.