Consejo de Rectores presentó propuesta de indicación para que planteles no estatales creados previo a 1981 no deban modificar sus estatutos ni sus estructuras corporativas.
Tal como lo hizo frente a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle, defendió ayer públicamente y en representación del conglomerado la posición de las universidades más antiguas al interior del G9, a las que el actual proyecto de ley que reforma la educación superior introduciría modificaciones en su estructura orgánica.
“Las universidades no estatales del Consejo de Rectores no pueden ser tratadas lo mismo que otras instituciones privadas. Hoy día la legislación está obligando a casas de estudios como la U. de Concepción y la Austral de Valdivia a que tengan que modificar sus estatutos y cambiar una estructura jurídica y patrimonial que el país conoce y que ha dado garantías suficientes”, dijo Valle, luego del plenario realizado en la Universidad de Chile.
En específico, el proyecto de ley excluye en los planteles no estatales (sean o no Cruch) la participación de personas jurídicas con fines de lucro como asociados en la Corporación y restringe a los planteles realizar actos, contratos, convenciones u operaciones, entre otras, con las personas naturales y jurídicas que sean fundadores, asociados o miembros de la institución. Cuestión que en el caso de la UdeC, por ejemplo, le impediría continuar con su actual junta de socios, integrada por 300 miembros externos y 300 académicos de la institución.
“El proyecto de ley no da cuenta de la riqueza de la diversidad que tiene nuestro sistema de Educación Superior”, manifestó Valle.
Durante el encuentro en Santiago, los integrantes del conglomerado presentaron una serie de propuestas para el proyecto de ley de educación superior, entre las que se incluía una indicación destinada a subsanar esta situación. En ella, proponen los rectores, es necesario que se distinga entre universidades no estatales previas y posteriores a 1981, dejándolas en el primer caso eximidas de estas obligaciones.
Al respecto, el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, expresó: “Es bastante inimaginable que por una ley tengamos que cambiar nuestros estatutos, la forma como estamos funcionando y la estructura universitaria, por lo tanto vamos a insistir en que se incorpore la indicación que ha presentado el Consejo de Rectores”.
Uno de los argumentos que se ha utilizado durante el debate es que, al hacer esta excepción, se transgrediría el principio de igualdad ante la ley, cuestión que Lavanchy desestimó.
“No vemos que haya una vulneración a este principio, porque esto viene desde hace mucho tiempo, no es nuevo, no es la misma situación de universidades que se han creado después del año 81, de manera que ese argumento tampoco nos parece adecuado de esgrimir en estas circunstancias”.
Fondos basales
Otro de los puntos en los que ayer puso énfasis Valle y que alude al G9 se refiere a la necesidad de establecer por ley la asignación de recursos basales, tanto para las estatales como para las no estatales del Consejo. Esto vía convenio marco, en el caso de las primeras, y fondo basal por desempeño, en el de las segundas.
Al respecto, Lavanchy manifestó que “los basales por desempeño deberían quedar resguardados por una ley y no sujetos a la aprobación del presupuesto de la nación a través de una glosa, porque se sabe que, dependiendo de la forma como el Ejecutivo presente ese presupuesto, podría muy bien no ir esa glosa”.
En la cita, el Cruch presentó además una serie de sugerencias, entre ellas la continuación de la dependencia del Sistema Único de Admisión al conglomerado y la cancelación de la facultad estatal de fijar vacantes para las carreras.
“No es lo mismo rectores que controladores”
“No es lo mismo un consejo de rectores que uno de controladores”, expresó categórico Aldo Valle, refiriéndose a la posibilidad de abrir el conglomerado a nuevas instituciones.
Si bien existe acuerdo entre los planteles integrantes en la idea de integrar a otras casas de estudios, sí deben existir estándares básicos, argumentan.
“No queremos que el Cruch se desvirtúe haciendo que en este organismo de carácter público se integren representantes de transnacionales o simplemente de corporaciones que no cumplen con ciertos estándares de sujeción a fines públicos que son muy relevantes”, puntualizó.