Concejales de la comuna dudan del proceso que benefició a empresa Dimensión. El alcalde se defiende y asegura que todos los pasos que se han dado están dentro del marco legal.
Concejales de la comuna dudan del proceso que benefició a empresa Dimensión. El alcalde se defiende y asegura que todos los pasos que se han dado están dentro del marco legal.
Ángel Rogel Álvarez
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
Un grupo de concejales de Chiguayante se reunieron ayer en Concepción para dar a conocer a los medios, según ellos, una serie de hechos irregulares que se han suscitado en la segunda administración del alcalde Antonio Rivas.
Aludieron, particularmente, a algunos contratos cursados, vía trato directo, por el renunciado administrador municipal, Andrés Parra, cuando este estaba a la cabeza de la dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) y también a los incidentes de la última sesión extraordinaria, donde verían justamente el tema, pero sufrieron “una encerrona de funcionarios municipales”.
Pero también hicieron hincapié en el proceso de licitación para el servicio de recolección y retiro de basura domiciliaria. Un negocio que, como se sabe, mueve millones y que los ediles acusan como irregular. Por cierto, el alcalde Rivas se defiende. Asegura que siempre ha actuado de acuerdo a la normativa vigente y que, justamente, para no cometer errores es que el proceso se encuentra detenido y actualmente bajo la lupa de Contraloría.
La denuncia
Según la concejala Jessica Flores en septiembre de 2015 se llamó a licitación para proveer el servicio en el comuna, pero tres meses después ésta se declaró desierta.
“El alcalde, al declararse desierta la licitación, no usa la prórroga, que estaba adscrita en las bases, de seis meses. Él se salta esos seis meses y hace un trato directo de un año ocho meses. Estamos hablando de montos que superan las mil UTM y, además, aumenta los montos de la empresa, favoreciéndola. Lo que en el fondo constituye una vulneración grave a la ley de compras”, manifestó la edil.
En efecto, el municipio suscribió, el 8 de enero de 2016, un contrato directo con la empresa Dimensión S.A. por un monto mensual superior a los $113 millones, por un plazo de 18 meses.
La concejala es apoyada en sus dichos por el edil Luis Ríos Melillán (PPD), quien aseguró que el municipio obvió un informe del Concejo anterior que estableció que “los camiones no estaban en condiciones de seguir operando”.
Flores dijo que esto “pasó piola desde 2015 a la fecha y vinimos a reparar en esto cuando el 3 de febrero (de este año) se llama a licitación nuevamente, cumplido el año 8 meses, y nos encontramos con que teníamos que aprobar una licitación que desconocíamos y venía con todos estos antecedentes”.
La licitación se llevó a cabo y se presentaron siete oferentes, pero el 13 de febrero Flores concurrió a Contraloría para obtener un pronunciamiento del organismo, ante un hecho que le pareció irregular.
Por lo anterior, fueron cinco las empresas que desestimaron seguir adelante con el proceso, quedando dos en carrera. Una de ellas no cumplía con todo lo establecido en las bases y el Concejo tuvo que pronunciarse a favor o en contra de Dimensión, la única firma que quedó. Los ediles rechazaron la propuesta por cinco votos contra uno.
En ese contexto, el alcalde Rivas pidió una opinión de Contraloría y está a la espera de una respuesta.
Pero eso no es todo. Jessica Flores dijo que, a propósito de su solicitud, Contraloría aún espera del jefe comunal una respuesta a sus requerimientos. Rivas tendría plazo hasta el 20 de abril.
La edil reconoce que hay situaciones excepcionales donde el alcalde puede hacer uso de la opción de trato directo, no obstante, Rivas ha hecho de “excepcionalidad, un hábito. Y, al final del día, el trato directo no es transparente”.
Es por lo anterior que uno de los temas que estaría estudiando con abogados es la posibilidad de una acusación de destitución ante el Tribunal Electoral Regional (TER).
Consultado sobre el tema, el alcalde dijo que en 2105 “estábamos obligados de licitar la basura y lo que hicimos fue una licitación abierta y colocamos montos límites. Las empresas que se presentaron lo hicieron con montos superiores a lo que podíamos pagar, por tanto, declaramos el proceso desierto. Y como la ley nos permite realizar un trato directo, lo hicimos, ajustado a la ley”.
El jefe comunal explicó que sobrepasaron los seis meses, para evitar problemas considerando las elecciones municipales del año pasado y contó que, incluso, algunos concejales que hoy cuestionan la medida, aportaron con su voto de aprobación.
Y sobre el actual proceso, dijo que los concejales están en su derecho a fiscalizar, pero “nosotros tenemos que evitar el riesgo sanitario y asegurar la continuidad del servicio y hemos estado detrás de aquello”.
La actual licitación, reconoció, está en Contraloría, tras el rechazo de los ediles. “Queremos ver si se ajusta a la legalidad. Si está dentro del marco de la ley, haremos una nueva licitación y si no, lo daremos a conocer nuevamente al Concejo, porque no se puede obstruir la administración y el servicio de limpieza y recolección de basura”.