Más tarde rectores se reunieron con la División de Educación Superior para trabajar en los temas que debería abordar la indicación sustitutiva.
Más tarde rectores se reunieron con la División de Educación Superior para trabajar en los temas que debería abordar la indicación sustitutiva.
Tania Merino Macchiavello
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Si bien no existió un compromiso formal sí hubo una manifestación de voluntad de parte del Ejecutivo de modificar aspectos de la reforma que en su momento generaron la molestia del grupo de las nueve no estatales al interior del Consejo de Rectores, también conocido como G9.
Así lo indicó el presidente de la red de planteles, Claudio Elórtegui, tras el encuentro sostenido ayer por los representantes de las distintas casas de estudios con la presidenta Bachelet y con la ministra Adriana Delpiano en el palacio de La Moneda.
La cita, había sido postergada desde enero, fecha en que la mandataria sostuvo un encuentro similar con los representantes del Consorcio de Universidades estatales para acercar posiciones.
Elórtegui confirmó la decisión del ejecutivo de reducir el proyecto de ley que retiraría cerca de un centenar de artículos al cuerpo legal para destrabar el debate. "Se le hizo presente que (la eliminación de la subsecretaría de Educación Superior), al igual que la creación de la Superintendencia era uno de los aspectos que eran considerados como positivos", manifestó el rector.
El representante de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, detalló que los tópicos de la conversación fueron el rol público de las instituciones del G9, en segundo lugar, la necesidad de fortalecer el Consejo de Rectores, tanto a las estatales como a las no estatales de función pública, en tercer lugar, la autonomía y el hecho de tener una regulación flexible y moderna y, por último, el apoyo y estímulo al desarrollo de las universidades regionales.
El rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Christian Schmitz, destacó que las instituciones del Consejo de Rectores en su integridad deben ser reconocidas como de carácter público. Detalló que Bachelet fundamentó en temas reglamentarios las dificultades para brindar un trato igualitario a estos 27 planteles. "Se debe al cuestionamiento que podría surgir por parte del Tribunal Constitucional, pero nosotros creemos que esto puede subsanarse con una buena definición de lo que es una universidad pública", remató.