Efectivamente, esta disposición legal se encuentra derogada, pero no es menos cierto que hubo quienes "bebieron" de esta posibilidad de manera transversal, durante las elecciones 2012 y 2013.
 

Ángel Alexis Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

"Son aportes reservados". La frase anterior fue recurrente los días que siguieron una publicación de diario La Tercera, el pasado viernes 20 de enero.

Como se recordará, ese día el medio capitalino dio a conocer una lista con supuestos aportes que empresas pesqueras, ligadas a la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), habrían entregado a distintos personeros políticos de las región para sus respectivas campañas municipales y parlamentarias, en 2012 y 2013.

Lo anterior, como parte de una indagatoria del Ministerio Público en el marco de la investigación por aportes irregulares a campañas políticas en el denominado caso Corpesca.

Claro, en la Región el tema no es menor, pues de la lista de 19 nombres, trece son representantes políticos del Bío Bío. A saber: Iván Norambuena (diputado UDI del Distrito 46), Jorge Ulloa (diputado UDI del Distrito 43), Cristián Campos (diputado PPD del Distrito 43), Gastón Saavedra (ex alcalde de Talcahuano), Álvaro Ortiz (alcalde de Concepción), Frank Sauerbaum (ex diputado RN del Distrito 42), Sergio Bobadilla (ex diputado UDI del Distrito 45), Rodrigo Anabalón (ex candidato a alcalde de Chiguayante), Gabriel Torres (ex consejero regional de RN), Emilio Armstrong (actual consejero regional de la UDI), Hugo Arancibia (ex candidato a concejal de Talcahuano) y Sergio Ruiz (ex candidato a concejal de San Carlos).

En medio de la contingencia de los incendios forestales, cabe precisar, la investigación ha seguido su curso y, además, se han sumado otros antecedentes e investigaciones periodísticas, como el realizado por Ciper que apunta a la relación de la senadora Jacqueline van Rysselberghe, y el ex presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, donde este último, supuestamente, le entregaba "pautas" para la discusión de la Ley de Pesca. Lo anterior, junto a la renuncia del ahora ex subsecretario de Pesca, Raúl Súnico.

En medio de esta discusión, bien vale la pena recordar que fue de los denominados "aportes reservados", los mismos que hoy no son parte de nuestra legislación, pero de los cuales "bebieron" varias candidaturas en la Región, tanto en las municipales 2012 como en las parlamentarias del 2013, foco de las investigaciones del Ministerio Público.

Cifras altas

Al revisar la información disponible en el página web del Servicio Electoral (Servel), en particular las comunas de la provincia de Concepción y el resto de la capitales provinciales de la Región, son bastante pocas las candidaturas, de los grandes bloques, que no recibieron aportes bajo esta vía. Lo que constata el primer signo de esta derogada forma de financiamiento, los beneficiados siempre fueron para representantes de La Nueva Mayoría y Chile Vamos.

Y algunas cifras son sorprendentes. Como las de las candidaturas senatoriales de los actuales congresistas Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y Felipe Harboe (PPD) que, en 2013, sobrepasaron los $270 millones, y la del ahora vicepresidente nacional del PS, Camilo Escalona, quien recibió más de $180 millones (más información en la infografía).

Por este mismo ítem, el representante de la Circunscripción Costa, Alejandro Navarro, hoy militante de Pais, recibió un aporte de $2 millones 266 mil 667, una cifra menor si se compara con la recibida por el resto de sus competidores ese año. 

El dato no deja de ser importante, considerando que en julio de 2015, el congresista fue removido de la vicepresidencia del Senado luego que, con el apoyo de La Nueva Mayoría, se aprobara un voto de censura en su contra.

Entonces Navarro se había embarcado en una disputa con sus pares justamente por este tema, los aportes reservados a las campañas políticas. El representante de Pais pedía transparentar la procedencia de los recursos, considerando que entonces comenzaba a estallar el caso Corpesca y la investigación al hoy formalizado senador de la UDI, Jaime Orpis. 

Otro dato es el monto que recibió el ahora consejero regional de la UDI, Emilio Armstrong, durante su candidatura a alcalde por Concepción.

En 2012, recibió aportes por más de $99 millones, más del doble de lo que fueron aportados al actual jefe comunal, Álvaro Ortiz (DC).

Cabe destacar, que según un reportaje realizado por Teletrece, en septiembre de 2014, algunas campañas políticas en 2013, se sustentaron en hasta un 97% solo en aportes reservados.

En la contienda presidencial, por ejemplo, si bien Michelle Bachelet fue la candidata a Presidenta que registró mayores ingresos totales (más $5 mil 300 millones), fue la candidata de la centro derecha, Evelyn Matthei, la que recibió un mayor porcentaje de aportes reservados. De un total de $3 mil 474 millones, la actual alcaldesa de Providencia recibió más de $2 mil 312 millones en aportes reservados. Lo anterior, equivalentes al 66,5% del total. 

El fin de los aportes

Los aportes reservados fueron fruto de un acuerdo entre las entonces Concertación y Alianza durante la administración del presidente Ricardo Lagos, en medio del denominado caso MOP Gate y tuvo como protagonistas a los ex timoneles de la UDI, Hernán Larraín, Juan Antonio Coloma, el entonces diputado Pablo Longueira, y quien ejercía el cargo del ministros del Interior, José Miguel Insulza.

Según se desprende de un reportaje de El Mostrador, publicado en octubre de 2014, hubo voces como la de los senadores Carlos Montes y Alejandro Navarro que advirtieron sobre los problemas que a la larga traerían estos aportes, pero no fueron escuchadas. 

La permanencia en nuestra legislación del proyecto de ley (que estipulaba la entrega de aportes reservados fue promulgada en julio de 2003), no obstante, comenzó a tambalear con la aparición de los primeros casos de financiamiento ilegal de campaña: Penta y SQM. 

Tras la promulgación de las leyes de partidos y de fortalecimiento y transparencia de la democracia, en abril del año pasado, esta opción de financiamiento pasó a mejor vida.

La última de la leyes mencionadas es la que prohibe los aportes de personas jurídicas o empresas, además de rebajar el límite al gasto electoral. Sin embargo, mantiene los aportes anónimos, aunque con otro nombre: "aportes menores sin publicidad", los que en todo caso ven disminuidos sus topes. 

Junto con lo anterior, se disminuye el límite de gasto electoral y se fijan nuevas restricciones a la propaganda electoral, tal como ocurrió en las pasadas elecciones municipales.

"Quiero decirlo con claridad: a partir de ahora, con estas nuevas leyes la reglas del juego de la política chilena cambiaron, son más exigentes, más transparentes, con prohibiciones claras y pérdida de escaño para quienes cometan delitos. Las empresas ya no van a poder financiar a candidatos. Con estas nuevas reglas del juego la política se prestigia. Estas nuevas reglas tienen que marcar un antes y un después", comentó en abril pasado la Presidenta Michelle Bachelet.