Un perjuicio de más de 517 millones implica para el municipio el no pago de permisos para la extracción de áridos en la comuna. Para operar conforme a la ley requieren de un permiso de la dirección de obras hidráulicas y evaluación ambiental.
Un perjuicio de más de 517 millones implica para el municipio el no pago de permisos para la extracción de áridos en la comuna. Para operar conforme a la ley requieren de un permiso de la dirección de obras hidráulicas y evaluación ambiental.
Daniela Salgado Parra
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En compañía de funcionarios de Carabineros, la alcaldesa de Hualpén, Katherine Torres, clausuró dos empresas areneras de la comuna que operaban de forma irregular al no contar con permisos de la dirección de obras hidráulicas (DOH) ni la respectiva evaluación ambiental.
Se trata de las firmas Trinidad Limitada e Ingenierías Sanhueza Limitada, ubicadas en la Avenida Costanera, de la ribera norte del río Bío Bío, que en medio de proceso de extracción de áridos debieron enfrentar la clausura y paralizar de las obras por parte de la autoridad municipal.
"Las cosas desde el 1 de diciembre cambiaron en la comuna. Es sabido por la opinión pública que las cosas en Hualpén se estaban haciendo mal", señaló la alcaldesa Katherine Torres respecto a las irregularidades que se arrastraban de la administración anterior.
Durante 12 años, Trinidad Limitada realizó trabajos de extracción sin contar con los permisos. Según un informe de seguimiento realizado en 2012 por la Contraloria General de la República, se establece que desde 2005, año en que se estableció la ordenanza de extracción de áridos por la municipalidad de Hualpén, que la empresa no cuenta con autorización del municipio, de la DOH ni con evaluación ambiental.
Tampoco hay registro de que haya realizado pagos de derechos por la extracción. Con respecto a la falta de dichos montos, la alcaldesa dijo: "Si es que hubieron pagos éstos no fueron a llegar a las arcas municipales".
Alfonso Vidal, uno de los 14 trabajadores que se verán afectados por la medida, contó sobre los antecedentes que ellos manejaban: "Nosotros sabíamos que estábamos trabajando sin los permisos. El jefe nunca hizo los papeles. Se dejó estar".
El municipio estima que Trinidad Ltda, adeuda alrededor de $250 millones, afectando directamente a los recursos de la comuna.
Ingenierías Sanhueza
Con sólo dos meses de iniciadas sus actividades y en plena jornada de extracción, Ingenierías Sanhueza Limitada fue la segunda empresa clausurada.
En este caso la situación es diferente. Según indicó un trabajador de la empresa que no quiso identificarse, "sí cuentan con los permisos, pero éstos no han sido ingresados a los registros administrativos".
En total más de 517 millones son el perjuicio que le provocan a la comuna el no pago de permisos para extracción de áridos.
En el artículo 4 de la ordenanza municipal sobre la extracción de áridos se establece que ésta se hará previo otorgamiento de un permiso o concesión mediante decreto alcaldicio. Además se debe adjuntar copia del "Informe de Factibilidad Técnica" otorgado por el director regional de obras hidráulicas.
Para la jefa comunal, "ninguna empresa está por encima de la ley", y aquellos que quiera regularizar su situación deben sacar el permiso hidraúlico respectivo.
Además de lo anterior, hizo alusión al perjuicio que este tipo de firmas cometen en contra de aquellas que sí actúan conforme a la ley. De esta forma, realizó un llamado a las empresas "a no comprar arenas que son extraídas de manera irregular, porque eso es una forma de fomentar una práctica ilegal y delictual", decretó.
Cuestionamiento a Rivera y Lagos
La falta de fiscalización por parte de los concejales a las administraciones pasadas, es el motivo que llevó al Tribunal Electoral Regional a sustituir de su cargo a siete de éstos en la comuna", precisó Torres.
Pero no sólo fueron sustituidos; también se les prohibió ejercer cualquier función pública por cinco años. Esto por no haber fiscalizado ni denunciado a la alcaldesa Fabiola Lagos por irregularidades detectadas por contraloría respecto a la existencia de areneras sin permiso municipales, llamados a licitación irregulares para actividades de fiestas patrias, viajes de concejales con incumplimiento de requisitos legales, entre otros.
De los siete concejales cuestionados, Erika Beltrán y Rubén Ulloa continúan en su cargos tras ser reelectos. Éstos esperan que el Tribunal Calificador de Elecciones (TCE) revise el recurso de apelación enviado a Santiago para su análisis. De fallar en contra deberán abandonar sus funciones.