Dentro del paquete legislativo que presentó el Gobierno en materias anti delincuenciales esta semana, está inserto el proyecto de Ley de Inteligencia Económica contra el Delito, el que busca fortalecer a las instituciones que persiguen la ruta del dinero obtenido a través de negociaciones ilícitas.
Para lograr ese cometido, se amplió el catálogo de las empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, en rubros como arriendo de vehículos fabricación y venta de armas, clubes de tiro, caza y pesca, empresas o personas dedicadas a la compraventa de caballos de raza pura y comerciantes de joyas y piedras preciosas.
La iniciativa de ley tiene tres puntos principales: el desarrollo de un ecosistema de inteligencia económica, la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, y la creación de facultades intrusivas y sancionatorias.
En medio de la presentación de este proyecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó: “Lo que tenemos es primero actividades que tienen que ver con la detección de actividades sospechosas, y a partir de ahí el seguimiento de esa ruta del dinero y finalmente la aplicación de sanciones o medidas de carácter preventivo”.
