"No consideramos que la policía deba jugar un rol político de seguimiento a líderes sociales mientras el país se debate hoy con altos índices de narcotráfico, con cifras de inseguridad ciudadana muy altas", aseguró la senadora Yasna Provoste.
Un recurso de amparo en contra del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el general director de Carabineros, Mario Rozas, presentaron los senadores Alejandro Navarro y Yasna Provoste.
La acción legal se tomó tras la filtración que confirma el seguimiento a organizaciones sociales y a dirigentes, como el líder del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (Modatima), Rodrigo Mundaca, y el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, por parte de la policía uniformada.
De acuerdo a la legisladora Yasna Provoste, “el seguimiento de Carabineros a distintos líderes sociales es algo que la justicia debe indagar. Primero, no consideramos que la policía deba jugar un rol político de seguimiento a líderes sociales mientras el país se debate hoy con altos índices de narcotráfico, con cifras de inseguridad ciudadana muy altas”, aseguró la senadora.
En la misma línea la congresista recordó que Carabineros debe velar por la seguridad pública “y no de ser el brazo armado político del gobierno”. “Creemos que el seguimiento de los líderes sociales debe terminar por parte de las policías. Y la inteligencia de este cuerpo policial financiado por todos los chilenos y chilenas tiene que dedicarse a las tareas que las ciudadanía espera de ellos”, sentenció Provoste.
Asimismo, el senador Alejandro Navarro indicó que “queremos saber cuáles son las razones de este verdadero espionaje a organizaciones sociales, si se les ha acusado de un delito o si se les ha aplicado la Ley de Inteligencia del Estado. En el primer caso, correspondería saber si se ha denunciado un delito en contra de estas personas, qué fiscal dirige la investigación, y qué diligencias ha ordenado. En el segundo caso, cuáles serían las razones para considerar a estas personas vigiladas como peligros para el orden y la seguridad nacional, que es la única razón habilitante para vigilarlos. En caso de carecer de motivos, pedimos a la Corte ordenar que cese la vigilancia”, añadió el legislador.