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Gobierno anuncia aumento de penas por delitos medioambientales: llegarían al triple

Por: César Herrera | 09 de Julio 2019
Fotografía: La Tercera

Este martes la comisión de Medio Ambiente del Senado votará la indicación sustitutiva ingresada por el Ejecutivo, el cual busca introducir grandes cambios respecto al proyecto original, entre los que destacan el aumento del máximo de las multas por delitos ambientales.

La ministra de la cartera, Carolina Schmidt, señaló que “después de escuchar a la Corte Suprema y las sugerencias que hacía en referencia a esto, se establece expresamente la definición de daño ambiental“, adelantando, a su vez, que las penas pecunarias se incrementaron en más de tres veces en el caso de la sanción máxima.

De acuerdo a la iniciativa original, las multas en dicho caso pasaron de un rango de entre UTM 500 (unos $24,5 millones) a UTM 1.000 (unos $49 millones) a uno que va desde UTM 100 (unos $5 millones) a UTM 3.000 (unos $147 millones), precisó La Tercera.

Esto es un incremento de más de tres veces de lo que se había puesto en el proyecto anterior, se incrementa fuertemente el tope de las sanciones y se define expresamente el daño ambiental”, reiteró la secretaria de Estado.

En la misma línea, se aumentó el techo de la pena al doble de lo que establecía el proyecto original, alcanzando la multa estipulada a las UTM 1.000 (nos $49 millones) en la indicación.

Asimismo, por recomendación del máximo tribunal y de la comisión, se efectuó una modificación a los titulares de la acción penal, pasando de la Superintendencia de Medio Ambiente al Ministerio Público. De aprobarse, este último organismo será quien podrá iniciar de oficio la investigación de los delitos establecidos por la ley.

También, se hizo una distinción en relación con establecer una lista con infracciones que toda empresa deberá prevenir, sin importar su giro, adquiriendo la responsabilidad de establecer un sistema de prevención.

Ante este último punto, el exfiscal del Ministerio de Medio Ambiente, Jorge Cash, indicó que “extraña poderosamente la ausencia de normas de atribución de responsabilidad penal a directivos. Sin eso, se va a seguir responsabilizando al operario menor”.

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