A consecuencia de una serie de reclamos por parte de apoderados y alertas de vigilancia de mercado, respecto al valor y nuevas modalidades de los proveedores de contenidos educativos para alcanzar convenios con los colegios particulares pagados, el Sernac ofició a las principales editoriales de libros escolares para que transparenten sus modelos de negocios, además de dar a conocer cómo se les informa a los consumidos materias como la designación de precios, entre otras.

Con dicha información, los consumidores finales podrán conocer la eventual existencia de alternativas para nuevas ediciones descartables o “rayables” y que no permiten reutilización.

Además, entre los convenios firmados por las editoriales y los establecimientos, se puede incluir paquetes para programas digitales, tablets, pantallas e instalaciones en los colegios que son financiados por los apoderados, sin que éstos estén al tanto.

Las denuncias que iniciaron la investigación de la entidad, corresponden a 2018, e instaron la solicitud de información a los colegios particulares a fin de conocer ciertos antecedentes de estos nuevos mercados.

A lo anterior, se suma una especie de amarre al momento de querer cambiar en las ediciones o proyectos, la estructura de precios y descuentos por institución, así como las políticas tras las nuevas ediciones de textos descartables o “rayables”.

De esta forma, el oficio está dirigido a las editoriales Santillana, SM, Parsons y McGaw-Hill y SBS.

El director del Sernac, Lucas Del Villar, destacó la necesidad de transparentar el mercado de textos para colegios particulares pagados, considerando que los libros pueden representar hasta el 70% del presupuesto de la lista escolar y donde no existe más que una alternativa para los apoderados.

Para la autoridad, los consumidores merecen saber cómo funciona este mercado y contar con información veraz y oportuna respecto a los convenios que ofrecen las editoriales a los colegios, si existen razones extrapedagógicas para decidir cambiar determinada edición, editorial o proyectos educativos, la estructura de precios al público, descuentos y/o subsidios a los establecimientos.

También es relevante para una buena decisión, el nivel involucramiento de apoderados y la comunidad escolar, para lo cual se requiere contar con información en forma oportuna y conocer, por ejemplo, si hay costos que se traspasan en sus aranceles respecto a las nuevas modalidades de venta, subsidios de diverso tipo, o el costo real para las familias de utilizar ediciones que son desechables de un año a otro.

“Los apoderados como cualquier consumidor necesitan entender este mercado para verificar que se estén respetando sus derechos en cuanto al acceso a la información y a la libre elección. Los apoderados deben saber por qué un colegio elige una u otra editorial, que incentivos tienen ambos, que los precios sean públicos y sepan cuánto durará un libro. Se trata de un mercado sensible para los apoderados que afecta directamente su bolsillo y que muchas veces no pueden elegir. Mucho menos si no cuentan con información básica”.

Respecto a las modalidades de programas digitales, señala la importancia de indagar que no existan ventas atadas o paquetizadas, que los subsidios –de existir- se transparenten y que las cláusulas en los contratos no sean abusivas.

Del Villar explica que se analizarán las respuestas de las editoriales una vez recibidas, y se tomarán las acciones correspondientes si existe alguna infracción a la ley del Consumidor. Asimismo, se coordinó la entrega de dicha información con la Fiscalía Nacional Económica, con el fin de que el organismo analice si las prácticas se ajustan a las normas de libre competencia.