Tras las dudas que generaron los dichos del canciller Ampuero, el Presidente Piñera ratificó la decisión de no suscribirse al Pacto Migratorio de la ONU.
La decisión, reiteró, es porque dicha iniciativa “contradice algunas de nuestra propia políticas de migración y no resguarda los intereses de Chile y los chilenos”.
Por eso puntualizó en tres puntos que lo hicieron tomar la decisión: Lo primero, es que el pacto incentiva la migración irregular, al fomentar el trabajo informal, al promover el ingreso de los denominados inmigrantes vulnerables, al dificultar la detención de inmigrantes irregulares y al otorgar pensiones sin que éstos cumplan con los requisitos de nuestro país y al hacer difusa la distinción entre migrantes y refugiados y entre los regulares e irregulares.
Lo segundo, porque introduce nuevos deberes para los estados, incluyendo a los firmantes, como por ejemplo, el tener que revisar nuestra legislación, las políticas públicas, actos administrativos y el tener que promover la suscripción de nuevos acuerdos bilaterales o regionales y, adicionalmente, establece como deber del Estado el crear condiciones para el desarrollo económico y social para aquellos inmigrantes que son expulsados de un determinado país.
Tercero, limita el pacto soberano de todo Estado de recibir cómo resguardar sus fronteras.
“El pacto utiliza 86 veces la palabra compromiso y 15 veces, la palabra deber”, indicó el mandatario.
Y agregó “en nuestra opinión, la forma en que Chile norma o regula su política migratoria es un asunto de carácter esencialmente interno, sin perjuicio de la colaboración internacional, y no forma parte -en consecuencia- de una política de Estado”.
La determinación, por tanto, busca que “Chile tenga una política de puertas cerradas para evitar que la entrada a nuestro país de personas o grupos que vienen a causarnos daños, como por ejemplo, bandas de delincuentes, crimen organizado, narcotraficantes o grupos de tratas de personas. También creemos que toda persona tiene derecho a salir de su propio país, pero con la misma fuerza creemos que todo país tiene derecho a decidir cómo y bajo qué reglas ingresan a nuestro país lo que quieran venir a como migrantes”.
De acuerdo a lo expuesto por Piñera en el Palacio de la Moneda, al asumir el segundo mandato, encontró que en Chile “la situación migratoria reflejaba un problema alarmante. En el gobierno de la Nueva Mayoría cerca de 700 mil personas ingresaron como turistas a nuestro país, cientos y miles de ellos con la clara intención de quedarse en forma irregular o engañados por verdaderas mafias”.
Política de Estado de la que acusó “jamás fuimos considerados ni consultados”.