En política, las formas no son un capricho burocrático: son la única frontera que separa la deliberación legítima de la arbitrariedad. Lo ocurrido esta semana en el Senado durante la tramitación del Presupuesto 2027 -a propósito de la gestión para retirar los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza mientras acompañaban al Presidente de la República en su gira por Asia desborda con creces el perímetro de una anécdota administrativa. Estamos frente a una grieta en el corazón mismo de la fe pública.
El episodio reúne todos los ingredientes de una crisis institucional en miniatura. En medio de una votación estrecha donde cada ausencia alteraba los quórums, apareció un documento que buscaba habilitar en los registros a dos parlamentarios que se encontraban al otro lado del mundo. Mientras el senador Espinoza descartó que su rúbrica hubiese sido adulterada, la senadora Órdenes desconoció categóricamente la firma atribuida a su persona y negó haber autorizado dicha gestión. La posterior restitución de ambos permisos, la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público y la cautela de la Mesa del Senado -que subraya que aún no existe una falsificación acreditada-configuran un escenario donde la prudencia procesal no puede convertirse en anestesia política.
Es evidente que corresponde esperar el dictamen de la justicia antes de imputar delitos. Sin embargo, el juicio político tiene tiempos y estándares distintos al penal. Reducir la controversia a una simple “desprolijidad” o a un malentendido de oficina es, en sí mismo, un síntoma alarmante. En la liturgia republicana, una firma no es un garabato de tinta: es la expresión soberana de la voluntad de un representante electo. Si ese trazo fue estampado sin consentimiento para alterar la aritmética de una sala legislativa, no estamos ante un error de secretaría, sino ante una suplantación de la representación democrática.
El daño de estas declaraciones cruzadas radica en su efecto corrosivo sobre una ciudadanía ya fatigada por la distancia entre sus urgencias y las maniobras de la élite. Cuando quienes tienen el mandato de redactar las leyes que rigen al país parecen tratar las reglas internas como obstáculos sorteables mediante atajos, la autoridad moral del Congreso se evapora. El cargo público no otorga inmunidad ética, por el contrario, exige una pulcritud donde incluso la apariencia de irregularidad resulta intolerable.
La historia política demuestra que las instituciones rara vez colapsan por un gran estallido, suelen erosionarse en silencio, trámite a trámite, cada vez que la conveniencia táctica se impone sobre la rectitud del procedimiento. Hoy no está en juego el destino de una glosa presupuestaria ni el cálculo de una bancada: lo que se somete a escrutinio es si la palabra empeñada y la firma estampada en el Senado siguen valiendo más que el papel que las sostiene.
Claudio Lapostol
Consejero Regional BioBío