El pasado 1 de octubre cesaron en sus funciones, por haber alcanzado el límite de edad establecido por la nueva legislación, diversos notarios, conservadores y archiveros a lo largo del país. Se trata probablemente de uno de los efectos más visibles de la entrada en vigencia de la reforma y, al mismo tiempo, del comienzo de una etapa decisiva: aquella en que una ley debe demostrar en la práctica que es capaz de cumplir los objetivos que justificaron su aprobación.
La modernización del sistema era necesaria. Notarios y conservadores cumplen funciones esenciales para la seguridad jurídica, interviniendo diariamente en actos de enorme importancia para las personas, las familias y la actividad económica. Por ello, mejorar su regulación, aumentar los niveles de transparencia y perfeccionar los mecanismos de selección constituye un avance que debe ser valorado.
Particular importancia tiene el nuevo sistema de nombramientos. Durante años este fue uno de los aspectos más cuestionados del modelo. La incorporación de procedimientos más objetivos, transparentes y fundados en el mérito representa una oportunidad para fortalecer la confianza en estas instituciones.
Pero una buena reforma legal no garantiza por sí sola buenos resultados. Su éxito dependerá, en buena medida, de cómo sea implementada. Y en esta primera etapa la exigencia debe ser especialmente alta.
No se trata simplemente de llenar las vacantes que ahora se producen. Se trata de seleccionar a quienes ejercerán funciones de enorme trascendencia jurídica y patrimonial durante muchos años. Los concursos deben permitir identificar efectivamente a los postulantes con mejores conocimientos jurídicos, experiencia, capacidades de gestión y sólidos estándares éticos.
En este proceso deben conciliarse dos exigencias igualmente importantes: rigor y oportunidad. La rapidez en los nombramientos no puede conseguirse a costa de una selección exigente, pero el rigor tampoco puede transformarse en una justificación para demoras excesivas. Ambos objetivos son perfectamente compatibles.
Corresponde, por ello, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsar con especial diligencia los procedimientos destinados a proveer las vacantes. Una prolongación innecesaria de los interinatos podría terminar convirtiéndose en una consecuencia no deseada de una reforma cuyo propósito es precisamente fortalecer la institucionalidad.
Los nombramientos que se realicen durante los próximos meses serán, por tanto, especialmente relevantes. Constituirán una primera prueba del nuevo modelo y permitirán evaluar, en el mediano plazo, si las expectativas depositadas en la reforma se traducen efectivamente en mayor transparencia, mérito, eficiencia y confianza pública.
El desafío ya no está, entonces, en la aprobación de la ley. Está en su implementación. Concursos exigentes, selección rigurosa, procedimientos transparentes y nombramientos oportunos serán fundamentales para que esta reforma alcance los objetivos que inspiraron su aprobación.
Porque las reformas institucionales no se miden únicamente por las leyes que aprobamos, sino, sobre todo, por nuestra capacidad de convertirlas en mejores instituciones al servicio de las personas.
Manuel Barría Paredes
Profesor Titular de Derecho Civil
Universidad de Concepción