Hananeel Acevedo Lagos
Coordinadora de Ayudantes CEE

La adhesión de Chile al “Escudo de las Américas” ha llamado profunda y justificadamente la atención de todos. Lejos de disiparse, la inquietud se agudiza cuando el propio ministro de Defensa, Fernando Barros, reconoce en público ignorar los alcances específicos del instrumento suscrito por el Ejecutivo (declarando incluso que la prensa y los expresidentes manejan más información) y supedita cualquier certeza al retorno del Mandatario. Si la autoridad a cargo de nuestra defensa nacional opera con información fragmentada respecto a una decisión de esta envergadura ¿Qué queda para el resto de chilenos/as?

Si bien el art. 32 N° 15 de la CPR entrega al Presidente la conducción exclusiva de las relaciones exteriores, dicha prerrogativa no ampara la opacidad institucional. Cuando los acuerdos comprometen cooperación en inteligencia estratégica o activan mecanismos vinculados al TIAR, la línea entre una simple declaración política de intenciones y un tratado formal que exige control parlamentario (art. 54 N° 1) se vuelve casi imperceptible. Marginar al Congreso y al propio gabinete de las grandes decisiones en seguridad exterior debilita los contrapesos republicanos y genera una severa precariedad jurídica.

En el plano geopolítico, la improvisación amenaza directamente la autonomía estratégica de Chile. Nuestra política exterior consolidó durante décadas una reputación de Estado sustentada en el multilateralismo reglado y una calculada equidistancia, indispensable para conciliar los vínculos de seguridad regional con la interdependencia comercial con el Asia-Pacífico y, en particular, con China. Un alineamiento preferente con Washington, gestionado a espaldas del debate público y sin contraprestaciones verificables, tensiona ese equilibrio histórico en función de conveniencias coyunturales.

El episodio fractura de manera flagrante la forma en que Chile condujo su política exterior en los últimos treinta años. Al socavar esa tradición, el gobierno no solo compromete nuestra credibilidad internacional, sino que deja al país peligrosamente en el aire. La diplomacia y la seguridad nacional no pueden conducirse mediante enigmas. Para disipar la sospecha de subordinación y enmendar un procedimiento institucionalmente desprolijo, el Ejecutivo debe transparentar de inmediato el estatuto vinculante de lo firmado y someter sus implicancias al escrutinio del poder legislativo.