PhD.Paulo Barraza Rodríguez
Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile; Encargado del Laboratorio de Neurociencias, Cognición y Educación del CIAE-Universidad de Chile.
Durante más de dos décadas, los Programas de Talentos Académicos han operado como uno de los pocos dispositivos sistemáticos del Estado chileno orientados a identificar, nutrir y sostener trayectorias de niños, niñas y adolescentes con altas capacidades, particularmente de estudiantes provenientes de contextos vulnerables. Se trata de siete iniciativas que operan a nivel nacional, como el Programa PENTA UC, el BETA de la Universidad Católica del Norte o el Programa de Talentos de la Universidad de Concepción. En este contexto, su exclusión de la Ley de Presupuesto 2026 y la recomendación de descontinuarlos para el 2027, no puede entenderse como un mero ajuste técnico ni como una reasignación neutra de recursos. Más bien, revela una comprensión limitada (y preocupante) sobre cómo se construye el capital humano avanzado en un país que aspira al desarrollo.
La decisión resulta difícil de justificar desde una perspectiva de equidad. En sistemas educativos altamente segregados como el chileno, el talento está distribuido de manera relativamente uniforme, pero no así las oportunidades para desarrollarlo. Los Programas de Talentos Académicos han operado, precisamente, como un mecanismo de corrección parcial de esta asimetría estructural. Su eliminación, por tanto, profundiza desigualdades al retirar uno de los pocos apoyos especializados disponibles para estudiantes con altas capacidades en contextos de menor capital cultural.
Algunos podrían argumentar que, en un escenario de restricciones fiscales, es necesario priorizar. Sin embargo, esta lógica omite un punto fundamental: la inversión en estudiantes con altas capacidades no compite con la educación general, la complementa estratégicamente. Pero hay una dimensión aún más profunda en juego. Para miles de estudiantes, estos programas han sido espacios donde se legitima la curiosidad, se cultiva el pensamiento complejo y se experimenta el reconocimiento intelectual. Su desfinanciamiento no solo reduce oportunidades individuales, sino que debilita la base sobre la cual se construye el capital humano avanzado del país.
Si Chile aspira a fortalecer su sistema educativo, mejorar su productividad y reducir brechas estructurales, decisiones como esta van en la dirección contraria. La pregunta de fondo no es si podemos permitirnos financiar programas de talento académico, sino si podemos permitirnos no hacerlo. Se trata de una decisión estratégica en favor del país, porque, en última instancia, lo que está en juego no es solo el destino de un conjunto de programas, sino la señal que el Estado envía respecto del valor que asigna al desarrollo del talento, la excelencia y la equidad en educación.