La situación en Venezuela se ha convertido en uno de los focos principales del mundo internacional debido a la intervención militarizada que está realizando EE.UU. Para algunos, es un intento por restablecer la democracia; para otros, una acción que profundiza el sufrimiento de la población y reactiva antiguas lógicas de dominio estadounidense en la región.

En este contexto es válido preguntarse, ¿qué respalda la decisión de EE.UU.?
La respuesta corta es nada. Ninguna normativa internacional avala las acciones desplegadas. La Carta de las Naciones Unidas es explícita: el art. 24 prohíbe la amenaza y el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado. Las únicas excepciones son la legítima defensa y la autorización del Consejo de Seguridad. Ninguna aplica aquí. Todo lo demás (incluida la llamada “intervención humanitaria unilateral”) no es Derecho Internacional vigente, sino un argumento político sin reconocimiento normativo.

Los precedentes son aleccionadores. La invasión de Irak en 2003 (sin autorización del Consejo de Seguridad) fue presentada como una medida para proteger al mundo. Con los años se reconoce que violó la Carta de la ONU y generó una profunda inestabilidad. No hay razones para pensar que un uso de la fuerza en Venezuela produciría un resultado distinto.

La intervención no solo quebrantaría el orden jurídico internacional, sino que profundizaría las dinámicas que dice querer corregir. La violencia externa suele aumentar los desplazamientos y, en un país donde más de 7 millones ya han migrado, una acción militar solo agravaría ese éxodo y tensionaría aún más a los países vecinos.

La historia reciente muestra que los cambios de régimen impuestos desde el extranjero rara vez generan estabilidad democrática. Por el contrario, abren vacíos de poder, polarización extrema y ciclos prolongados de violencia. Venezuela requiere negociación interna, acompañamiento multilateral y un compromiso real con la reconstrucción institucional, no misiones de fuerza que contradicen el entramado jurídico que sostiene la convivencia internacional.

El Derecho Internacional existe precisamente para limitar decisiones unilaterales de los Estados más poderosos. Ignorarlo no solo debilita ese orden: abre un precedente que ningún país en la región debería aceptar.

Hananeel Acevedo Lagos
Ayudante CEE UdeC