Ad portas del proceso eleccionario de altas autoridades en nuestro país, pareciera ser necesario tener en cuenta el sustento mayor en que estás mismas se enmarcan: la democracia; pocas instituciones han sido tan examinadas y, a la vez, tan esenciales. Su fuerza no deriva de la eliminación de los conflictos sociales, sino de su capacidad para canalizarlos mediante normas compartidas y procedimientos estables. En tal sentido Bobbio desarrolla que la democracia es ante todo un “conjunto de reglas del juego político” cuyo propósito es permitir la participación igualitaria y el control del poder (El futuro de la democracia, 1984). Así, su valor radica tanto en sus principios formales como en la cultura cívica que los acompaña.
La proximidad de un proceso eleccionario presidencial constituye un recordatorio elocuente de que la democracia no es una abstracción teórica, sino una práctica que se renueva a través de actos concretos. Entre ellos, las elecciones representan el mecanismo más visible de legitimación política. Dahl subraya que las democracias modernas —o “poliarquías”— requieren elecciones libres, competitivas y periódicas para garantizar la inclusión política y la circulación del poder (La democracia y sus críticos, 1989). En este sentido, la elección presidencial no solo define quién ocupará el cargo, sino también la forma en que la ciudadanía reafirma su compromiso con el orden institucional.
Aunque nuestra época esté marcada por tensiones sociales, demandas divergentes y cuestionamientos a las instituciones, la democracia permanece como el único sistema capaz de encauzar esas diferencias sin recurrir a la fuerza. Las campañas y debates previos a una elección no son meros ejercicios retóricos: constituyen espacios deliberativos que permiten contrastar programas, examinar argumentos e identificar prioridades públicas. En ese sentido cabe recordar lo expresado por Habermas, la legitimidad democrática se nutre de la deliberación pública y libre (Facticidad y validez, 1992).
Por ello, en el marco del próximo proceso presidencial, conviene recordar que la abstención no es una posición neutral. Renunciar a participar implica, de facto, ceder a otros la responsabilidad de decidir el rumbo colectivo. La democracia requiere instituciones robustas, pero también un pueblo activo que reconozca su papel como encomendado constitucional a ejercer la soberanía (Art. 5 de la Constitución Política de la República de Chile).
Agustín Ramírez
Ayudante del CEE UdeC
Integrante del Equipo de Litigación Internacional en DD.HH.