Carlos Uslar Venegas
Seremi de Justicia y DD.HH. del Biobío

Veinte años después de que la Comisión Nacional de Verdad y Reparación (CNVR) y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) cumplieran sus funciones, la entrega reciente de las carpetas de calificación a las víctimas de la dictadura cívico-militar en Chile no es solo un acto administrativo: es un gesto profundamente simbólico, un paso tardío pero necesario en el largo camino hacia la justicia histórica.

Estas carpetas, que contienen la documentación detallada sobre las víctimas reconocidas por sus sufrimientos durante la dictadura cívico-militar (1973-1990), son mucho más que expedientes burocráticos. Son testimonios escritos del dolor, del coraje y de la resistencia de miles de chilenas y chilenos que fueron detenidos, torturados, desaparecidos o exiliados por pensar distinto. Representan, en papel y tinta, el reconocimiento oficial de que el Estado falló, que violó derechos fundamentales y que, como sociedad, tuvimos el deber de no olvidar.

Las carpetas de la CNVR y la CNRR no son reliquias del pasado. Son herramientas del presente. Son semillas de conciencia que, si se siembran con honestidad, pueden ayudar a construir un futuro más justo, más humano y más verdadero. Porque en una democracia madura, reconocer el dolor ajeno no es debilidad: es el acto más valiente que puede realizar un Estado.

Sin embargo, tal como señaló nuestro presidente Gabriel Boric Font, también debemos ser críticos. ¿Por qué ha tomado tanto tiempo este paso? ¿Por qué se requirieron presiones ciudadanas, sentencias judiciales y movilizaciones para que el Estado cumpliera con este deber moral? La burocracia, el miedo al pasado o la falta de voluntad política no pueden seguir siendo excusas. La memoria no puede estar sujeta a plazos.