Jacqueline Cárdenas
Seremi de Gobierno

Desde Talcahuano hasta Alto Biobío, desde San Pedro de la Paz hasta los barrios de Concepción y las caletas de Arauco, hay una fuerza vital que moviliza sueños, gestiona soluciones y sostiene la convivencia: las dirigentas y dirigentes sociales del Biobío. Son quienes levantan la voz de sus vecinas y vecinos, gestionan avances, y muchas veces enfrentan realidades complejas sin más respaldo que su vocación y el apoyo comunitario.

Pero esa entrega no está exenta de riesgos. En nuestra Región, como en muchas otras, hemos sido testigos de amenazas, hostigamientos e incluso agresiones contra liderazgos sociales. Dirigentas que denuncian el narcotráfico en sus barrios, dirigentes que exigen mayor seguridad, comunidades que se organizan para recuperar espacios públicos. En todos esos casos hay personas que, por el simple hecho de asumir un rol colectivo, terminan expuestas a la violencia.

Frente a eso, el Estado no puede ni debe ser neutral. Por eso es una muy buena noticia que el proyecto de ley que protege a los dirigentes sociales haya avanzado en su tramitación y esté listo para ser votado en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en los próximos días. Esta iniciativa —que recoge los boletines N.º 11948-07 y N.º 12926-07— propone incorporar en el Código Penal una agravante para delitos como amenazas, lesiones y homicidios, cuando la víctima sea un dirigente o dirigenta atacado por ejercer su labor.

Desde el Biobío, respaldamos esta señal política y legislativa. Se trata de una herramienta disuasiva, sí, pero también de un acto de justicia. Porque proteger a quienes lideran desde el territorio es proteger la democracia en su forma más concreta: la que se vive en los pasajes, en las sedes sociales, en las ferias libres, en las asambleas barriales.

Desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, reafirmamos nuestro compromiso con la participación comunitaria. No solo en lo discursivo. Lo hemos impulsado con acciones concretas, como la Escuela de Formación Social en Seguridad y Prevención Comunitaria, desarrollada junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que ha capacitado a decenas de líderes del Biobío con herramientas reales para ejercer su rol con respaldo institucional. Lo hacemos también con los recursos entregados, a través del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que este año aportó más de $1.800 millones a 832 organizaciones sociales de las 16 regiones del país.

Sabemos que la ley no resuelve todo, pero es un paso indispensable. No se puede seguir pidiendo más participación, si no garantizamos condiciones mínimas de seguridad para quienes lideran en sus comunidades. Y eso vale tanto para Lota como para los pobladores de Curanilahue, Santa Bárbara o Hualpén.

Hoy, que el proyecto avanza hacia su votación en Sala, es momento de reafirmar nuestro respaldo institucional. Como Gobierno, y como representantes en esta región, nos corresponde no solo promover la participación, sino protegerla. Porque no hay democracia sin participación. Y no hay participación sin protección.