Este tipo de proyectos permite que el Estado empiece a pagar la construcción de las obras cuando se concreta e inicia la operación de cada hospital.
Lorena Herrera Omegna
Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
La reciente adjudicación de la licitación para construir dos nuevos hospitales de la “Red O’Higgins”, a través de la Ley de Concesiones, marca varios aprendizajes sobre este modelo de asociación pública-privada.
La licitación en O’Higgins -con una inversión de US$ 177 millones-, cierra el Segundo Ciclo de Concesiones Hospitalarias iniciado en 2019 con recintos en El Maule, Buin-Paine, Los Ríos-Los Lagos, Biobío, La Serena y Coquimbo, además de los Institutos de Neurocirugía y del Cáncer, todos de diversa complejidad. Se trata de iniciativas que también generan empleo cuando la economía lo requiere.
Esta nueva infraestructura sigue la lógica de que comunas rurales tengan acceso a centros de alto estándar –habrá hospitales en Rengo y Pichilemu-, lo que mejora la calidad de vida de personas que antes debían hacer extensos viajes para una atención. Esto también dinamiza las listas de espera.
Recordemos que este tipo de proyectos permite que el Estado empiece a pagar la construcción de las obras cuando se concreta e inicia la operación de cada hospital. Además, se garantiza una mantención de estos a largo plazo, lo que sin este mecanismo no sería factible.
A lo largo del tiempo, el sistema ha registrado ajustes. Los actuales proyectos tienen como objetivo la construcción, reposición de equipamiento, mobiliario clínico y no clínico, donde el privado debe cumplir con un nivel de servicios durante la operación de los recintos asistenciales. Si bien las primeras concesiones contemplaban la edificación de hospitales y servicios -como la administración de estacionamientos, alimentación y aseo-, los nuevos contratos hoy se enfocan en tareas en que los privados pueden llevar adelante una mejor gestión, dejando en manos del Estado los servicios médicos asociados a la atención de los usuarios.
En estos procesos el Estado se ha fortalecido al crear unidades especiales que identifican las necesidades, gestionan las licitaciones, monitorean y fiscalizan. Hoy, el mayor desafío es superar problemas asociados a la permisología, lo que permite avanzar en la construcción de las obras, lo que es fundamental para las comunidades.
Al mismo tiempo, este tipo de iniciativas ha producido sinergias entre empresas nacionales e internacionales con el objetivo de participar y poner a disposición su eficiencia y tecnología, lo que sin su participación difícilmente sería posible.