Si bien, cada comuna tiene sus propias necesidades, todas deberían apuntar a la generación de economías locales justas y sostenibles.
Dra. Ana Araneda
Consejera Regional del Biobío
Chile, principal productor mundial de minerales como el cobre, con significativos ingresos fiscales del sector minero, no obstante, siempre ha generado críticas por la baja tributación de esta industria para el desarrollo del país.
Es así, que el 1 de enero de 2024 entró en vigencia la ley del royalty minero, que se traduce en la contribución económica aplicada al sector minero, para beneficiar a las regiones donde se desarrolla esta actividad y en este mes abril, inician las primeras transferencias anuales del royalty minero a los gobiernos regionales y municipios, buscando en este sentido un camino hacia la descentralización fiscal del país y pagar la deuda histórica por no pagar los tributos adecuados por la disposición que tienen las grandes mineras de los recursos minerales que Chile les ha entregado en concesión o en distintos instrumentos legales.
Para la Región del Biobío se realizará la distribución de recursos a través de dos modalidades, el primero será a través del Fondo para la Productividad y Desarrollo destinado al Gobierno Regional del Biobío, correspondiente a 17 mil millones y el Fondo de equidad territorial correspondiente a 15 mil millones para 30 de los 33 municipios, sumando un total de más de 33 mil millones.
Esta significativa inyección de recursos anuales que tendrá el Gobierno Regional y las cabezas municipales deberían ir directamente a la reactivación económica en la generación de empleos, que permitan estabilizar la región que hoy sufre una gran crisis económica de los grandes sectores productivos de la Región, como lo es el sector forestal, agrícola, pesquero e industrial (Huachipato entre otros), como también el fortalecimiento de nuevas tecnologías que promuevan una manufactura secundaria y terciaria de nuestros recursos naturales y nos lleve a la competitividad en los mercados nacionales e internacionales.
Si bien, cada comuna tiene sus propias necesidades, todas deberían apuntar a la generación de economías locales justas y sostenibles para mejorar la calidad de vida de las personas y nuestra Región pueda crecer y vuelva a ser una de las principales concentradoras de actividades económicas de Chile.